El futuro de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), que atienden a cerca del 13% de la población chilena, dependía de esta normativa, que se tramitó por cerca de un año en el parlamento chileno.
La aprobación se logró el mismo día en que vencía el plazo establecido por la Corte Suprema, que condenó en 2022 a las Isapres a pagar 1.250 millones de dólares -según cifras actualizadas- a sus usuarios por cobros realizados en exceso.
«Queda lista para ser promulgada y así proteger a los usuarios, dar estabilidad financiera y que las Isapres den cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema», celebró la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en X.
La normativa que da un respiro financiero a las aseguradoras -usadas por los chilenos de mayores recursos- fija un plazo de hasta 13 años para pagar la deuda, dependiendo de la edad de los afiliados.
Por ejemplo, para los mayores de 65 años se debe pagar en cinco años y a los mayores de 80 años en dos.
La sentencia respondió a más de 2,3 millones de demandas contra estas aseguradoras que colmaron las Cortes de Apelaciones en los últimos años con quejas crecientes sobre un sistema cada vez más costoso y discriminatorio.
La ley fue aprobada por 122 diputados, 14 votaron en contra y hubo 10 abstenciones. En el Senado, recibió 39 votos a favor y tres en contra.
Las Isapres fueron creadas en 1981 bajo la dictadura del difunto general Augusto Pinochet (1973-1990) para generar una alternativa privada en la salud, tras el recorte severo del gasto público que instauró en el marco de una serie de reformas de libre mercado.
El grueso de los chilenos está adherido, sin embargo, al Fondo Nacional de Salud, el sistema público que tiene plazos de atención más extensos que el privado.
