Un juez considerado «corrupto» y «antidemocrático» por Estados Unidos y la Unión Europea, abrió este viernes un proceso a una funcionaria cercana al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, detenida por una causa contra el partido oficialista Semilla.
El mandatario socialdemócrata en la red social X calificó la decisión como «un ataque más» a su gobierno «perpetrado por una minoría corrupta que quiere evitar un cambio incontenible en Guatemala».
«Se dicta auto de procesamiento» contra Ligia Hernández, jefa del Instituto de la Víctima, arrestada el martes, dijo el cuestionado juez Fredy Orellana en la audiencia de primera declaración, al afirmar que «existen indicios racionales suficientes» contra la funcionaria, exdiputada de Semilla.
En la audiencia, la fiscal Leonor Morales imputó a Hernández los supuestos delitos de financiamiento electoral no registrado y obstrucción para la «fiscalización electoral de fondos».
Según la fiscal, también sancionada por Washington y la Unión Europea, Hernández como secretaria general adjunta del partido en 2019 «ocultó» información sobre aportes financieros a la agrupación.
Ahora la fiscalía tendrá tres meses para ampliar la investigación mientras Hernández, quien se abstuvo de declarar, seguirá en prisión preventiva en un cuartel militar de la capital «por peligro de fuga», según dispuso Orellana.
La fiscalía inició en 2023 una cuestionada investigación contra Semilla después de que Arévalo dio la sorpresa al colarse al balotaje presidencial, lo que encendió las alarmas entre las élites acusadas de corrupción.
El caso se basa en supuestas anomalías en la conformación del partido, entre ellas una presunta trama de lavado de dinero por la que la fiscalía también ha buscado retirarle la inmunidad a Arévalo.
Semilla está suspendido por orden de Orellana, quien a su vez está sancionado por Estados Unidos por considerarlo «corrupto». En febrero, la Unión Europea también sancionó al juez y a la fiscal Morales por «socavar» la democracia.
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, condenó «enérgicamente» el miércoles la detención de Hernández y rechazó «los continuos esfuerzos [de la fiscalía] por criminalizar a los actores democráticos y anticorrupción».
La fiscal general, Consuelo Porras, sancionada también por Washington y Bruselas, libra una disputa sin tregua contra Arévalo.
El presidente, quien asumió el poder en enero, carece de facultades para remover a Porras, cuyo mandato culmina en mayo de 2026. Para poder destituirla, Arévalo presentó una iniciativa de ley para que se le otorgue esa potestad, pero el proyecto está estancado en el Congreso.
Este viernes, Arévalo pidió a los diputados aprobar la iniciativa para «cambiar» la historia y «hacer» que la fiscalía «rinda cuentas». «Juntos podemos lograr que este ciclo oscuro termine», señaló el gobernante que se encuentra en República Dominicana por la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Luis Abinader.
