En el marco del Plan Verano 2022, la Defensoría del Consumidor (DC) llevó a cabo desde el sábado pasado inspecciones en restaurantes, hoteles y centros turísticos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor (LPC).
Estas supervisiones arrojaron, hasta el momento, incumplimientos en cinco restaurantes. De acuerdo al presidente de la DC, Ricardo Salazar, en dichos establecimientos se han encontrado productos vencidos, entre ellos harina, aderezos y bebidas carbonatadas.
«Al hallar este tipo de productos vencidos, la Defensoría emite una medida cautelar, destruye los productos para que no sean puestos a disposición de los consumidores e inicia el proceso sancionatorio», explicó Salazar.
El funcionario también subrayó que las multas por este tipo de faltas podrían llegar hasta los 500 salarios mínimos. En lo que va del año, la división de protección al consumidor ha impuesto multas en 89 casos con proveedores que entregaron productos caducados.
«Buscamos asegurar vacaciones seguras a la población. Hemos realizado las verificaciones correspondientes en distintos lugares con mucha afluencia turística en los cuales estamos verificando el cumplimiento que tienen los proveedores», agregó.
Verificaciones en alimentos
Por otro lado, Salazar hizo un balance de las verificaciones que se han hecho a nivel nacional desde que inició el plan para paliar la crisis económica generada por el conflicto en Europa del Este.
La Defensoría contabiliza más de 4,300 inspecciones de precios en diferentes establecimientos relacionados a la cadena de suministros de alimentos a escala nacional. Entre ellos envasadores, supermercados, mercados y tiendas mayoristas.
Asimismo, el presidente de la institución aseguró que en las últimas semanas la mayoría de productos alimenticios han reflejado una estabilización de un 60 %. Esto luego de que por varias semanas se registrara un incremento.
Esa labor continuará en los próximos meses. En la actualidad, la DC ha hecho requerimientos de información a más de 100 empresas de alimentos y agroservicios a lo largo del territorio, para evaluar estructuras de costos e inventarios.
También se han presentado denuncias al tribunal sancionador por incrementos de precios injustificados.
«Diariamente son alrededor de 60 personas que están en esta labor a nivel nacional. La Defensoría trabaja para que la población esté protegida de cualquier tipo de abusos relacionados a incrementos injustificados de precios», puntualizó.
Por último, el funcionario dijo que se han ejecutado más de 1,000 inspecciones en gasolineras en conjunto con el Ministerio de Economía (Minec), otra de las medidas para aliviar el bolsillo de los salvadoreños.
