La legalización de la propiedad se ha convertido en uno de los pilares de la política social impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como parte de una estrategia integral para combatir la pobreza extrema y brindar estabilidad a las familias salvadoreñas. Entre junio de 2019 y diciembre de 2025, el Estado ha logrado la regularización de 118,336 lotes en todo el país, mediante un trabajo articulado del Sistema de Vivienda.

Este esfuerzo ha permitido que miles de familias obtengan sus escrituras de propiedad, principalmente a través de procesos de regularización de lotificaciones que durante años permanecieron en la informalidad. Para el Gobierno, la legalización representa el primer paso para construir un futuro con mayores oportunidades. En palabras de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, «la legalización es el primer paso para que las familias puedan desarrollarse y cambien sus condiciones de vida, por eso le hemos dado prioridad y hemos trabajado para hacerle justicia a muchas familias que tenían décadas esperando certeza jurídica».

Uno de los resultados más relevantes de este proceso ha sido el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), que permitió desarticular una red de estafas perpetradas durante décadas por la Corporación Argoz. Gracias al acompañamiento técnico y legal brindado por el Sistema de Vivienda, hasta la fecha se ha logrado la regularización de 73,135 lotes pertenecientes a familias de todo el país, lo que ha significado la recuperación de más de $731 millones a favor de estas personas.

De manera paralela, el Ministerio de Vivienda ha impulsado la regularización de otras parcelaciones irregulares, amparadas en la ley especial de regularización de lotificaciones. A través de este marco legal se han regularizado 45,201 lotes adicionales entre junio de 2019 y diciembre de 2025, beneficiando a más familias en distintas zonas del territorio nacional.

Estas acciones responden, según las autoridades, a deudas históricas que por años no encontraron solución. La ministra Michelle Sol aseguró que, desde la Dirección de Lotificaciones, se está apoyando a miles de comunidades que viven en condiciones de extrema pobreza y que en el pasado acudieron a diferentes gobiernos e instituciones en busca de sus escrituras de propiedad sin obtener respuesta.

Entre las comunidades que ya cuentan con escrituras de propiedad se encuentran San Diego, en el cantón Tenango del distrito de Suchitoto; la lotificación Nueva San Miguelito, en el distrito de Santa Catarina Masahuat; la comunidad El Carrizal, en Nahuizalco; la comunidad La Esperanza 3, en el distrito de Dolores; y la comunidad El Tiangue, en el distrito de Sensuntepeque, entre otras.

La entrega de escrituras no solo representa seguridad jurídica, sino que también abre nuevas posibilidades económicas para las familias. «La base de un hogar sólido empieza con la certeza jurídica y la seguridad del entorno, y hoy las familias pueden legalizar sus propiedades y construir con confianza. Nuestro compromiso es acompañarlas para que cada hogar salvadoreño se levante sobre bases firmes y con respaldo legal», destacó la ministra de Vivienda.

Además, el ambiente de seguridad y libertad que se vive actualmente en el país, como resultado de las políticas impulsadas por el Ejecutivo, ha incentivado a miles de salvadoreños a invertir y construir en comunidades donde antes resultaba impensable hacerlo. Con las escrituras de propiedad en mano, las familias pueden acceder a créditos formales para reconstruir, mejorar, ampliar o edificar viviendas adecuadas, generando condiciones que les permitan romper con los ciclos de pobreza en los que vivieron durante años.

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