En lo que va del presente año 2023, la Defensoría del Consumidor ha realizado más de 3,000 jornadas de verificación de precios de productos alimenticios y de la canasta básica en todo El Salvador, según señaló esta mañana el presidente de la institución, Ricardo Salazar.
El funcionario detalló que, en total, se han realizado 3,200 verificaciones hasta la fecha, continuando con los esfuerzos realizados durante el pasado año 2022, como parte de las medidas para proteger la economía familiar de los salvadoreños.
«Este es un esfuerzo que estamos realizando a escala nacional. En la semana hemos mantenido nuestras verificaciones en diferentes tipos de agentes y, particularmente, en este tipo de productos; tan importantes en la dieta de los salvadoreños. A la fecha, llevamos más de 3,200 verificaciones a escala nacional», comentó Salazar.
«Este es un esfuerzo que, durante este año, se ha mantenido para identificar las prácticas abusivas. De acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, el incremento injustificado de precios puede ser sancionado con multas de hasta 500 salarios mínimos. Son cerca de 107 casos que ya fueron presentados al Tribunal Sancionador por prácticas abusivas y, también, por obstaculización a las labores de la Defensoría del Consumidor», agregó.
Salazar encabezó este sábado una jornada de verificación de precios que la Defensoría del Consumidor llevó a cabo en una empresa de producción y distribución de huevos ubicada en el departamento de San Salvador.
La Defensoría del Consumidor constató hoy que el cartón de huevo mediano de 30 unidades de la marca Catalana tiene un precio final al consumidor de $4.85, mientras que el grande $5.00; y el extragrande $5.15.
Además, durante la verificación de este sábado, la Defensoría solicitó información relacionada con la operación comercial, principalmente sobre costos de producción, precio de venta e incrementos, así como la justificación del incremento, entre otros datos relevantes para la investigación.
La institución también reiteró que la obstaculización a las labores de inspección o la negación a entregar información como el incremento injustificado de precios se consideran como infracciones muy graves a la ley, siendo sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos.
