La Defensoría del Consumidor (DC) continuó este lunes con las inspecciones de actores de la cadena de suministros de alimentos que inició la semana pasada con la ejecución de una verificación en la fábrica de harina de trigo, Molinos de El Salvador (Molsa).
El titular de la institución, Ricardo Salazar, afirmó que estas acciones se ejecutan con el objetivo de evitar abusos en contra de la población salvadoreña, y forman parte del monitoreo que realizan en los diferentes sectores abastecedores de productos.
«En esta oportunidad estamos realizando una inspección a una de las principales empresas dedicadas a importación y distribución de harina de trigo, me estoy refiriendo a Molsa, una empresa que distribuye diferentes variedades de harinas de trigo a escala nacional como panaderías, pizzerías y otros restaurantes», dijo el funcionario.
En este sentido, explicó que las acciones de verificación que se ejecutaron en la empresa fueron conteo físico del inventario, revisión y requerimientos de información de los movimientos de los últimos meses, y cotejo de información de la cadena de distribución.
Afirmó que estos requerimientos son clave para tener una referencia de los costos de producción y así determinar si existe un incrementó no justificado en el precio de la harina.
«Este producto es un insumo importante para diferentes segmentos de la producción de alimentos», apuntó el funcionario, por lo que llamó a la población a denunciar en cualquier caso de incrementos injustificados de precios en sectores como panaderos, comerciantes al por mayor, o restaurantes.
Desde que fue lanzado el operativo, la Defensoría ha realizado 12 inspecciones a igual número de grandes importadores y comercializadores de productos como granos básicos.
En este sentido, recordó que, en el caso de comprobar incrementos injustificados de precios por parte de los proveedores, estos podrán hacerse acreedores a multas de hasta 500 salarios mínimos.
«Debo recordar que, entre marzo de 2022 hasta diciembre de 2023, la Defensoría estableció 60 multas por incrementos injustificados de precios, y por obstaculizar las labores de las instituciones, y estas sanciones derivaron en más de $240,000, y muestran cómo nuestro Gobierno está aplicando el marco de protección al consumidor», remarcó.
