El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, indicó que la institución ha realizado un estimado de 2,500 verificaciones de precios en establecimientos dedicados a la cadena de distribución de alimentos en las primeras semanas de 2023.
«La Defensoría del Consumidor continúa con este importante esfuerzo de cara a todo el trabajo que viene realizando el Gobierno del presidente Nayib Bukele. Estamos enfrentando los efectos de una crisis mundial de precios, ante la cual nuestro país ha sabido enfrentar a través de las medidas de alivio económico que han sido impulsadas desde el año pasado que en este inicio del año hemos dado continuidad», señaló Salazar.
Entre los establecimientos destacan importadores, distribuidores, mayoristas, minoristas y puntos de venta final, lo que contribuye a la estabilidad de precios y a evitar abusos en contra de la población, indicó la DC.
Además, Salazar dijo que más de 110 casos han sido presentados ante el tribunal sancionador por incrementos injustificados de precios y por obstaculizar la labor de la Defensoría en los requerimientos de información.
De estos estos establecimientos, según la institución, son cerca de 46 casos sancionados, las multas superan los $147,000.
El titular de la DC explicó que son más de 50 requerimientos de información los que se han realizado a tiendas mayoristas y otros comerciantes dedicados a la venta de productos de la canasta básica, donde se ha identificado incrementos abruptos de precios.
El presidente de la Defensoría ofreció estas declaraciones el jueves, durante proceso de inspección de precios en establecimientos de venta de granos básicos en la ciudad de Chalatenango, donde el personal de la institución corroboró que no existan incrementos injustificados en los precios de los granos básicos, como el maíz y el frijol.
«Este importante esfuerzo contribuye a la estabilidad de precios y a evitar abusos en contra de nuestra población», concluyó Ricardo Salazar.