A un año de la aprobación del Decreto Legislativo n.º 280, que reformó la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito, El Salvador consolida avances significativos en la modernización y transformación digital del sistema financiero y la protección de los usuarios.
Entre los aportes está la autorización que recibieron las agencias de información para utilizar la «nube» digital, siempre y cuando se haga bajo estrictos estándares de ciberseguridad definidos por el Banco Central de Reserva y bajo la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Dania González, presidenta de la comisión de inversión de la Asamblea Legislativa (AL), considera que esta enmienda «fortalece la infraestructura de almacenamiento; eleva los estándares de seguridad, disponibilidad y respaldo de los datos y reduce las vulnerabilidades asociadas a los sistemas tradicionales».
La modificación sentó las bases para establecer la principal enmienda del decreto, que exige a las entidades el consentimiento informado, el cual prohíbe que los datos personales sean utilizados, transferidos o comercializados sin la autorización expresa de los titulares.
Según la legisladora cian, con esta reforma «el historial crediticio está mejor protegido, respaldado y disponible, lo que reduce el riesgo de pérdida de información necesaria para garantizar el acceso a créditos personales, de vivienda o emprendimiento».
Opinión similar expresó el experto en temas de administración pública Nelson Flores, quien aseveró que «la normativa garantiza el derecho a la privacidad de la población» y garantiza que las personas sean titulares de sus datos y no las entidades financieras.
Ambos coinciden al señalar que la normativa ha contribuido en el establecimiento de un sistema financiero más eficiente y competitivo, que genera una mayor confianza. La incorporación de estos cambios en la normativa «envía una señal clara a inversionistas internacionales de que El Salvador es un entorno confiable y actualizado».
