Durante la audiencia general convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el pasado 12 de julio, denominada «El Salvador: Situación general de los derechos humanos», el organismo internacional reconoció públicamente, por primera vez, la eliminación de las pandillas en El Salvador, lograda a través de la eficacia de las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de Nayib Bukele como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
«Reconocemos la baja de criminalidad en El Salvador. Y lo que se haya logrado se debe sostener por medio de una democracia más fuerte y Estado de Derecho», afirmó la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke.
Durante la audiencia, en la que participaron organizaciones sociales, El Salvador se mostró firme en su compromiso para seguir defendiendo y promoviendo los Derechos Humanos de los salvadoreños, así como la justicia y reparación para las personas que han sido víctimas de las pandillas que dominaron todo el territorio durante años.
«En El Salvador no hay torturas, aquí no se asesinan las personas, esto no son luchas políticas, estos no son centros de concentración», declaró el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y libertad de expresión de El Salvador, Andrés Guzmán, durante la audiencia.
Por su parte, la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, aseguró que las políticas de seguridad han sido una medida efectiva que han permitido a mujeres, niñas y niños salir del acoso y violencia de las pandillas.
«En el ámbito de la justicia transicional, la Unidad de Investigación de Delitos cometidos durante el conflicto armado de la Fiscalía General de la República, ha impulsado la investigación de casos aplicando estándares de justicia transicional, ello ha permitido avances significativos y judicialización de responsables de violaciones graves de Derechos Humanos», señaló la canciller.
La funcionaria agregó que El Salvador ha fortalecido el marco normativo que incluye leyes para la primera infancia, niñez y adolescencia y la imprescriptibilidad del delito de feminicidio.
«Se ha implementado la política de cuidados para la mujer y se ha fortalecido bajo el liderazgo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM). De igual manera, el Gobierno ha creado bolsas y programas de empleabilidad para madres solteras desde el Ministerio de Trabajo y se han lanzado programas con la Agencia Internacional de Desarrollo del Pueblo de los Estados Unidos para empleos temporales en Estados Unidos sin discriminación de género», apuntó Hill.
MUERTES NATURALES EN CENTROS PENALES
Respecto a los cuestionamientos, por parte de algunos organismos internacionales, acerca de supuestas torturas y muertes violentas en los centros penitenciarios del país, Guzmán afirmó que no hay una sola muerte violenta y que las investigaciones presentadas ante la CIDH confirman que todas han sido por causas naturales.
«A nosotros como Estado nos hicieron la solicitud de cuatro casos de personas fallecidas en los centros penales, personalmente organizamos el mejor equipo forense que pudimos conseguir para hacer el análisis de cada uno de esos casos que están ya en sus escritorios, y en esa revisión que vimos de casos puntuales de cuatro personas fallecidas dentro de los centros penales puedo decir claramente que los forenses dictaminaron que todas fueron muertes naturales, causadas por las enfermedades que estas personas padecían previamente o que padecían en el momento del deceso, no hay una sola muerte violenta», enfatizó el Comisionado.
Además, detalló que, según las cifras presentada por la sociedad civil, en los últimos dos años, las cárceles salvadoreñas registraron 250 muertes de detenidos, una tasa anual menor comparada con la de países desarrollados.
«A junio 25 de 2024, en los centros penales de El Salvador, 107,997 personas detenidas, estas personas como en cualquier sociedad se mueren, se enferman, tienen todo tipo de problemas, y allí, de acuerdo con ese porcentaje presentado por la sociedad civil, en dos años, de acuerdo con lo que dicen, fueron 250 personas las fallecidas, eso significa que anualmente dentro de los centros penales de El Salvador fallecieron 125 personas», indicó Guzmán.
El funcionario detalló, que según las estadísticas de la Organización Mundial para la Salud (OMS), en los últimos dos años, en los recintos penitenciarios del país han fallecido 86% reos menos que en Estados Unidos y 76% menos que en Colombia.
«Yo le hago una comparación solamente con las cifras de la Organización Mundial para la Salud (OMS), en donde dice que en Estados Unidos por cada 100,000 habitantes al año se mueren 832 personas, en Colombia hay 510 personas muertas por cada 100,000 habitantes, en Venezuela 509, esas son cifras son solo de pandilleros de la MS en centros penitenciarios, ¿eso qué significa?, que en los centros penales de El Salvador hay un 86% menos personas muertas que en Estados Unidos, y el 76% menos que en Colombia», explicó el comisionado presidencial.
Respecto a este tema, la canciller de El Salvador manifestó: «los centros penales de El Salvador están cumpliendo los estándares internacionales de privación de libertad. Nuestra prioridad ha sido desde el día uno y seguirá siendo el bienestar de toda nuestra población, principalmente las de aquellas en situación de extrema vulnerabilidad individual, social y económica a causa de las pandillas».
Tras la audiencia general, el Estado salvadoreño se mostró fortalecido ya que contó con la participación de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría General de la República y del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
