El abogado peruano, David Caballero, experto en temas anticorrupción y antisoborno, se refirió a las afectaciones que de forma general causan estos delitos. Además, destacó los avances importantes que ha tenido El Salvador para combatirlos con la implementación de marcos legales como la Ley General Anticorrupción y la Ley de Compras Públicas, sin dejar de lado, el esfuerzo del presidente, Nayib Bukele, para castigar con cárcel a los corruptos y acabar con estas prácticas que eran comunes en los gobiernos anteriores.
El soborno en Latinoamérica ¿sigue siendo el principal delito de corrupción?
Hay una serie de instituciones como Transparencia Internacional que sacan rankings sobre la corrupción, lamentablemente los países latinoamericanos estamos muy retrasados en ello, salvo Uruguay que es el que está mejor ubicado en el puesto diez -de 180 naciones-.
Pero, digamos que tenemos tareas pendientes en Ecuador, Colombia, Perú. Guatemala, por ejemplo, está en el puesto 140; es preocupante porque los países de este ranking han retrocedido en puntajes y puestos. Incluso, los que están en primeros lugares han retrocedido, esto es desalentador para el ciudadano de a pie.
Más o menos se tiene un impacto del 5 % del PIB mundial en materia de corrupción, siendo ello más de $5 billones anuales, de los que aproximadamente $2 billones es para sobornos, siendo el delito más común porque está al alcance del ciudadano de a pie. Por ejemplo, cuando te para un policía, cuando vas a un hospital, cuando tienes que hacer un trámite en alguna entidad del Estado o una alcaldía.
Si hablamos de otros delitos como competencia desleal necesitarías una empresa grande, y eso no está al alcance del ciudadano.
Es un tema que si el Estado o los gobernantes no establecen reglas claras para reducir las posibilidades de soborno, que estén a la mano de la gente, hace que un país sea más desigual e injusto.
Por eso hay que tratar de que el soborno esté menos al alcance de las personas, pero, al igual que la corrupción nunca se va a poder eliminar de un país, ni en el que está en el puesto número uno -de los rankings- como Suecia, Finlandia donde también existe corrupción.
¿Qué leyes nacionales, convenios internacionales o estándares globales regulan este delito?
La Convención Internacional Contra la Corrupción, de la que El Salvador forma parte, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que también es parte, y el resto de los países de América Latina, pero evidentemente no es suficiente.
Tenemos una norma internacional como la ISO-37001 que todas las entidades públicas están obligadas a adoptar, implementar y certificar. ¿Sirve esa norma?, sí, cuando se hace a conciencia y cuando las organizaciones realmente establecen un sistema que pueda detectar a tiempo esos vacíos donde se pueden presentar actos de soborno o de corrupción.
En el caso de El Salvador, creo que desde el sector público hay grandes avances, este año se ha publicado la Ley General Anticorrupción, por ejemplo. Adicionalmente, se tiene la Ley de Compras Públicas que ha obligado a los organismos públicos a implementarla y certificar esta normativa.
El presidente Bukele también ha hablado sobre el CECOC (Centro de Confinamiento de la Corrupción), que será como el CECOT -de pandillas-, pero para los funcionarios públicos corruptos. Aquí tienes elementos interesantes que si los sumas dices que, en este país se nota que la alta dirección o el presidente de la república está luchando contra esta lacra de la corrupción y soborno.
¿Qué falta en El Salvador para completar la estrategia anticorrupción?
Creo que la gran deuda pendiente en El Salvador es el sector privado, es decir, todavía no se han dado normativas como en Perú donde es al revés que ustedes, es decir; no hay una norma que obligue a las entidades públicas a implementar y certificar la norma ISO-37001, pero sí, hay una cuasi obligación para el sector privado -en Perú-.
Creo que en El Salvador la deuda que se tiene pendiente es con el sector privado, porque claro, si hablamos de corrupción y soborno, hay un corrompido y un corruptor.
El corruptor siempre viene del sector privado porque las instituciones públicas no se van a corromper, siempre es el privado el que va a tratar de corromper. Tenemos que tratar que el sector privado tenga esa estructura y que las instituciones públicas no sean como una isla en la que solo ellas estén certificadas, hay que cerrar ese círculo.
Pienso que están ese camino y seguramente pronto van a establecer ese tipo de normativas.
¿Qué responsabilidad penal tienen los intermediarios, presta nombres o empresas que son utilizadas como fachada que incurren en sobornos?
En Perú tenemos la Ley 30424 (Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas) que justamente es la responsabilidad administrativa para las personas jurídicas. En esta normativa se trata de englobar a todas las partes interesadas o a los socios de negocios con la política de conocer a tu cliente, a tu proveedor o incluso a tu trabajador.
Por eso hay dos palabras claves que son: debida diligencia, que es investigar previamente la contratación de alguien que puede ser un proveedor, un cliente o un trabajador.
Cada vez más el tema penal se está tratando de involucrar a una mayor parte y no solamente al que corrompe.
A nivel judicial y fiscal, lo que se está tratando de demostrar en América Latina es si la organización o empresa ha sido un vehículo para ejecutar una serie de delitos, no solo sobornos, sino distintos tipos de corrupción; competencia desleal o lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
¿Es más complejo detectar estos delitos en las empresas?
Sí porque hay más recursos y mientras los haya, hay más posibilidad de esconder el delito.
Por ejemplo, cuando una persona va a cometer un acto delincuencial con un policía al darle una coima (soborno), están más expuestos a que los descubran porque hay cámaras en las calles. Sin embargo, las empresas que son utilizadas como un vehículo -de corrupción- pueden tener mayores estructuras para ejecutarlo y dejar menos evidencias, menos pruebas, menos trazabilidad y eso dificulta las labores de fiscales y jueces al momento de establecer un juicio.
¿Casos de corrupción en el más alto nivel pueden ser condenables?
Dependerá de la justicia de cada país, pero también, hay otro tema, cuántas mujeres ingresan su demanda por alimento y no les resuelven en tiempo adecuado. Esa es una especie de corrupción, el hecho de no trabajar en los tiempos establecidos.
Si hablamos de justicia, los casos emblemáticos le dan a la población un tema extra de dignidad que también es importante, pero no podemos olvidar que es un tema integral para que la justicia funcione no solo para los casos emblemáticos, sino para los del día a día. Es decir, la señora de la esquina que no le pagan una deuda, el señor que tienen un proceso de litigio pendiente, en todos ellos tiene que funcionar la justicia de manera eficiente y en los tiempos establecidos.
En Perú, por ejemplo, hay reos que no tienen procesos judiciales. ¿Qué estamos haciendo con eso?, o sea ¿cuántas cosas están faltando? Pero claro, es mucho más mediático el caso de Alejandro Toledo o el de Ollanta Humala -expresidentes peruanos condenados por delitos de corrupción-.
¿Considera que El Salvador ha evolucionado en su lucha contra el soborno y la corrupción?
Ha evolucionado muchísimo. Muchas personas en el extranjero están hablando de El Salvador, no solo por todas las reformas que viene haciendo su presidente -Bukele-, sino también por la lucha contra la corrupción que, además, es mediatizada, es decir, el presidente siempre habla sobre estos temas. También lo escucho hablar sobre valores y eso es muy importante porque no puede haber una lucha contra la corrupción si no hay una estrategia y una mirada en los valores y principios.
Eso es algo fundamental, sin un propósito como país y como persona, sin valores como país y como persona tampoco vamos a aprovechar. La lucha contra la corrupción es algo integral.
Adicional, la Ley de Compras Públicas establece que debe existir un oficial de cumplimiento para supervisar los contratos del Estado, yo he podido ver que sí cumplen con su tarea.
Segundo, el oficial es independiente porque si lo quieres sacar tienes que avisar a Comprasal, la entidad que hace todo el tema de compras en El Salvador; tres, la implementación de la ISO-37001 que vence el próximo año y que por eso muchas entidades lo están implementando y certificando; cuatro, la Ley General de Anticorrupción; cinco, si se quiere ver también el CECOC.
Estos temas se están articulando de manera adecuada, yo diría que el sexto -punto- que faltaría es el sector privado porque hay que terminar de cerrar ese círculo y veo que están en ese camino.
¿Pueden los sistemas de auditorías ser burlados para que no se detecte algún indicio de corrupción
Sí pueden ser burlados porque no hay ningún sistema perfecto. El corruptor o el corrupto siempre van a estar tratando de identificar las oportunidades para obtener un beneficio en corto plazo, en ese sentido puede darse el caso.
Pero teniendo un sistema -de auditorías- desincentivas al corruptor de hacerlo porque hay canales de denuncia y él se puede sentir observado.
Nada puede garantizar el cero por ciento, hemos dicho que los países, incluso, con menos índices de percepción de la corrupción tienen casos, evidentemente en menor escala.
El próximo 17 y 18 de octubre, Caballero brindará en El Salvador un taller vocacional denominado «Gestión de riesgos antisoborno». Paras más información: [email protected]
