El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador finalizó la audiencia única abierta de siete representantes de la Corporación Argoz S.A. de C.V., acusados de estafar a miles de personas con lotificaciones irregulares, la Fiscalía General de la República solicitó la pena máxima por cada uno de los delitos.
Si el juez de la causa los encuentra responsables, será el que definirá los años de cárcel a imponer. En los alegatos finales, los fiscales le solicitaron penas máximas para los imputados arrestados en la fase uno del proceso.
El ministerio público los define como integrantes de una estructura criminal corporativa, que surge en 1987, cuando comenzaron a engañar a través de 10 lotificaciones instaladas en 11 departamentos.
Al individualizar los delitos, la Fiscalía atribuye estafa agravada a Natalia Gómez Farfán, Mónica Ivette Sanabria de Uriarte, Edwin Omar Rivera López, Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán.
Javier Orlando Martínez Henríquez y Teodoro Portillo Pineda, son acusados de agrupaciones ilícitas, delitos que también es imputado a los primeros cinco.
Leticia Farfán, además de estafa agravada, enfrentó la audiencia única abierta por casos especiales de lavado de dinero y activos, debido a que en su casa le hallaron más de $297,000, el día que fue capturada.
La clave para definir la pena depende del criterio del juez, si se está frente a un concurso real o ideal de delito, dos términos jurídicos que deberán ser valorados según la prueba.
En el concurso ideal existe una sola acción que infringe varias leyes penales y en el concurso real hay múltiples acciones independientes que lleva a un imputado a cometer varios ilícitos.
