La comisión de tecnología, turismo e inversión continúa con el estudio de cuatro iniciativas de leyes para regular el funcionamiento de bancos, cooperativas, asociaciones de crédito y ahorro, a través del Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Estas cuatro propuestas, denominadas ley de bancos y cooperativas (164 artículos), ley especial de sociedades de ahorro y crédito (175 artículos), ley de federaciones y cooperativas de ahorro y crédito (13 artículos) y la ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (22 artículos), fueron leídas durante la última sesión de trabajo de la comisión.

Con dichas iniciativas se busca en esencia generar un mayor control en las operaciones de todos los bancos, federaciones, cooperativas y asociaciones para proteger a los usuarios, generando confianza respecto a sus depósitos.

«Las propuestas se han trabajado en conjunto para aplicar las mejores prácticas y cerrar una brecha actual donde la gran mayoría de cooperativas de ahorro y crédito no tienen una normativa de regulación y mucho menos supervisión, estándar, que contempla aspectos contables, transparencia de información, gestión de riesgos, entre otras, que permitan potenciar y asegurar los derechos de los salvadoreños usuarios», explicó a la comisión el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez.

Según datos del BCR, al final del año pasado, el total de los activos que tenían las asociaciones cooperativas superaba los $3,700 millones.

«Cualquiera pensaría que son una parte pequeña en la economía, pero esa cantidad de activos nos dicen lo contrario. Es un rubro que ha crecido y necesita un nuevo marco regulatorio», detalló Rodríguez.

Los nuevos cuerpos de ley tienen alunas novedades: incorporan medidas que permitan una adecuada gestión de los riesgos, incluyendo el lavado de activos y dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Por otra parte, buscan incorporar al Instituto de Garantías de Depósitos aquellas entidades que sobrepasen el umbral de $25 millones en depósitos, que son el 8 % del total de entidades a regular, pero son las que concentran el 85.7 % del total de activos y el 85 % de depósitos y aportaciones.

«No significa que las de $25 millones a menos no van a tener una regulación, sí la van a tener, pero será proporcional al riesgo y de activos que tienen», explicó Ana Guadalupe Escobar, gerente de estabilidad financiera y política del BCR.

Las nuevas normativas tienen énfasis en el establecimiento de una reserva legal del 20 % de sus utilidades anuales; además, contemplan un proceso gradual de adaptación de todas las entidades que serán normadas, que deberán acercarse a la SSF para iniciar el proceso de elegibilidad.

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