El exministro de Seguridad, Mario René Figueroa y su esposa, Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa, enfrentan desde la mañana de hoy la audiencia preliminar por supuesto lavado de dinero de $3.7 que habrían cometido entre los años 2004 al 2015, señala la acusación de la Fiscalía General de la República.
Según el ministerio público Figueroa quien fue ministro de Seguridad en el período presidencial del convicto Elías Antonio Saca y viceministro de Gobernación en la administración del expresidente Francisco Flores, no pudieron justificar esa cantidad de dinero.
Uno de los fiscales del caso ha manifestado que Figueroa habría recibido dinero de la Sociedad Radio Difusión de El Salvador, propiedad del expresidente Saca, quien cometió peculado y lavado de dinero al sustraer más de $300 millones de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial.
Con ese dinero recibido de Saca, Figueroa y su esposa supuestamente pagaron préstamos que adquirieron para un plazo de 25 años, pero los cancelaron en tres años, con los fondos que percibían de la Presidencia de la República.
«Se tiene acreditado el incremento patrimonial injustificado que ha tenido tanto el señor René Figueroa y su esposa, además de las conductas que ellos han realizado por medio de las sociedades que ellos son socios», dijo el fiscal.
En el Registro de Comercio la Fiscalía ha confirmado que son socios en las dos empresas, René Mario Figueroa adquirió bienes junto a sus familiares y constituyó sociedades como Nueva Orleans, S. A. de C. V. y Desarrollos El Gris, S. A. de C. V., canceló préstamos de manera anticipada, mezcló capitales de origen ilícito e incremento su patrimonio producto de actividades ilícitas, de acuerdo con las investigaciones.
Según el fiscal ambos acusados fueron beneficiarios directos de fondos provenientes del Estado, pues recibieron cantidades de dinero de la sociedad Radiodifusión de El Salvador, S.A. de C.V., sociedad que fue impulsada con dinero de Casa Presidencial por Saca.
«Tenemos una prueba pericial que fue elaborada por personal del Ministerio de Hacienda y del Banco de Fomento Agropecuario, así como abundante prueba documental y testimonial, informes financieros, informes del registro tributario y sistemas», sostuvo el representante de la Fiscalía.
En este proceso el ministerio público no tiene ningún criteriado, sino que dispone de 12 testigos que declararán si el caso pasa a juicio como la Fiscalía pretende.
