Los representantes de la empresa lotificadora Corporación Argoz S.A. de C.V. deberán enfrentar la justicia por 49 casos de estafa, comercialización irregular de inmuebles y por el delito de agrupaciones ilícitas, según dieron a conocer las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que por estos señalamientos fueron capturados Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán, catalogados como cabecillas de la estructura delincuencial que estafó a cientos de familias salvadoreñas con la venta ilegal de terrenos y otro tipo de propiedades.
«Estas personas fueron detenidas cuando ingresaban en el aeropuerto Internacional (Monseñor Romero) procedentes de Miami (Estados Unidos), ya que era una costumbre de ellos viajar dos veces al mes a Miami donde permanecían cinco días y posteriormente ingresaban a nuestro país», explicó el fiscal general, Rodolfo Delgado.
El jefe de la Fiscalía añadió que: «Todo el operativo se tuvo que adecuar al itinerario de viaje de estas personas. Hay un compromiso de la FGR con todas las víctimas que durante años han estado reclamando a las autoridades de turno que les solucionara el problema de la propiedad de la tierra».
Durante el operativo desarrollado el martes, policías y fiscales allanaron las oficinas centrales de Argoz y también una lujosa residencia situada en una zona exclusiva del país donde los Farfán residían; en el inmueble fueron encontrados y decomisados $37,919.73 en efectivo y cinco camionetas de lujo. También fue allanado un lujoso departamento que pertenece a la hija de Leticia Farfán.
ARGOZ OPERABA DE FORMA ILEGAL DESDE 1995
Las investigaciones fiscales han determinado que todas las operaciones relacionadas con la venta de terrenos y otras propiedades efectuadas por Argoz se realizaban al margen de la ley desde 1995 cuando crearon sociedades que se dedicaron a lotificar en todo el país.
Los inmuebles ofrecidos por estas lotificadoras eran vendidos a terceras personas quienes al terminar de pagar no recibieron la cancelación de deuda y ningún documento que los acreditara como titulares de la propiedad, según la FGR.
Los terrenos eran vendidos a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales se brindaban facilidades de pago a las víctimas que cuando pretendían registrarlo en el Centro Nacional de Registros (CNR) eran informados que no podían hacerlo porque no estaban registradas como propiedad de la Argoz.
Delgado aseguró que «Esta corporación nunca entregó títulos de propiedad a los ahora dueños, y eso lógicamente impide que las personas puedan acrecentar su patrimonio, generar riqueza, realizar inversiones o acceder a créditos. Es un tema de justicia social que hemos tomado junto a la ministra de Vivienda (Michelle Sol) cuando se formó la mesa colectiva para atender estos casos».
