El Plan Control Territorial (PCT), en mi opinión, tiene logros y avances importantes en sus indicadores debido a que hay un eje transversal: el orden, el control y la disciplina; implementado en todo el sistema penitenciario salvadoreño por la Dirección General de Centros Penales. No ha sido una labor fácil, los internos estaban acostumbrados a dirigir y administrar los recintos penales a su conveniencia para imponer su propia ley, para traficar ilícitos y desarrollar muchas actividades que favorecían a las bandas, al crimen organizado, a los cabecillas de estructuras criminales y a los oportunistas. Luego de 26 meses, los centros penales se encuentran cumpliendo la ley penitenciaria, limpios de grafitis, se percibe limpieza y orden, el ocio carcelario ha sido erradicado. La Dirección General manda, gobierna y dirige todos los recintos penitenciarios; en este proceso hay mujeres y hombres que se adaptaron, comprendieron, colaboraron de manera voluntaria, y convencidos de que era en beneficio de ellos mismos, comprendieron cuál era la ruta esperada.


Es así como en esta nueva etapa en los centros penales existen oportunidades —sí, en esa misma de la fase II del PCT— de formación, de habilidades, de competencias, de hábitos de trabajo y de educación que permiten corregir, transformar, educar y formar a mujeres y hombres en el programa Una Segunda Oportunidad. Se han establecido y firmado convenios educativos con universidades del país para iniciar con el primer grupo de privados de la libertad en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de La Esperanza, ubicado en el cantón San Luis Mariona, con 58 internos que han iniciado la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, gracias al apoyo, al soporte, a la asesoría y al acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y al Programa de la Declaración de Doha, financiado por el Estado de Catar.


Nuestro sistema penitenciario tiene aproximadamente 7,000 internos que cuentan con el bachillerato, que totalizan aproximadamente el 18 % de las personas en prisión, y desde la fundación del sistema no había ninguna oportunidad ni posibilidad de que pudieran acceder al siguiente nivel de educación: la educación universitaria. Este primer grupo de internos será la evidencia y motivación para todos los que están aplicando, que tienen el deseo de estudiar y obtener el título de pregrado, pensando en integrar todas las habilidades, competencias y formación técnica que ya tienen, la carrera universitaria les permitirá emprender sus propios proyectos al cumplir su condena. Son internos que han cumplido con las fases de evaluación y han asimilado el proceso de tratamiento penitenciario.


El Salvador se convierte en el primer país en América Latina en el que se lanza este programa de educación universitaria. De manera que el Plan Control Territorial demuestra una vez más los resultados y las evidencias de la transformación del sistema penitenciario. Las cárceles que eran denominadas en administraciones anteriores las «universidades del crimen y del mal», en las que se podía obtener especialidades y hasta «maestrías» en delitos y crímenes, ahora sí son recintos en los que la educación superior ha llegado para ser una bendición y brindar oportunidades al momento de la libertad.