La seguridad ciudadana en El Salvador está garantizada por una política pública concebida para que sea de largo plazo y pueda ser mantenida en el tiempo, garantizada por la formulación de nuevas leyes, modificaciones de códigos, actualización de leyes y normativas secundarias; es decir, tiene un andamiaje normativo que es la base o fundamento de la certeza y seguridad jurídica permanente. Esta nueva realidad nacional ha hecho crecer cada vez más el apoyo de los salvadoreños al presidente Nayib Bukele y al Gobierno; además, se ha logrado una mayor integración socioeconómica política del ciudadano con el territorio donde reside.

Asimismo, la seguridad ciudadana ha permitido el desarrollo social y crecimiento económico mediante el naciente y floreciente emprendimiento, y ha facilitado a las instituciones del Estado brindar servicios básicos; de igual forma, se han instituido las condiciones para la reconstrucción del tejido social, creando relaciones interpersonales de confianza, seguridad y convivencia social en un contexto de paz y democracia; el temor a diario «que provocaba la violencia en las calles» es parte de la historia reciente del país.

El principal objetivo de los opositores políticos de El Salvador es volver al pasado de inseguridad ciudadana y recuperar malévolamente para la nación el título del país más violento del mundo, en donde sean asesinadas más personas que en la guerra del Oriente Medio.

La gran propuesta electoral de los opositores es liberar a todos los mareros que están presos en el Cecot y en el sistema penitenciario nacional porque, según los opositores, son inocentes y sus derechos humanos deben prevalecer sobre sus víctimas; además, a los pandilleros no los consideran terroristas.

La población salvadoreña está gozando por primera vez de seguridad ciudadana al 100 % y, obviamente, los ciudadanos no dejan de sentir cierto temor al escuchar a los políticos tradicionales que quieren la presidencia del país para volver a convertir a El Salvador en un infierno, en donde los únicos beneficiados serán los corruptos, el crimen organizado, el narcotráfico y los terroristas; es decir, igual como fue en los gobiernos de ARENA y del FMLN, que los opositores denominan la «democracia perfecta». Esta situación no es «demonizar a la oposición», sino describirla tal y como realmente fue, y cada salvadoreño puede dar fe de su realidad nacional e histórica, no por lo leído, sino por lo vivido y sufrido.

Los opositores tienen una defensa permanente y sistemática a favor de los delincuentes, y los presentan como inocentes, esfumando al instante todos los miles de crímenes, violaciones, desmembraciones humanas, extorsiones, etcétera, que cometieron contra ciudadanos. Entonces, según los opositores políticos, los malos son las víctimas, las personas decentes, honradas y trabajadoras.

Los opositores consideran negativo que sus defendidos sean encarcelados masivamente y exhibidos en prisión, porque lo consideran como un «hecho de crueldad», pero los homicidios y feminicidios que cometieron con lujo de barbarie sus defendidos no lo fueron y, por lo tanto, según ellos no deberían estar presos.

Así como tratan absurdamente de hacer creer que los que tienen derecho son los victimarios y no las víctimas; de la misma manera bregan por desprestigiar al presidente Nayib Bukele, haciendo que aparezca como el malo y los expresidentes de ARENA y del FMLN los buenos.

Para los opositores, el nuevo El Salvador es perjudicial a sus privilegios e inmunidades de los cuales disfrutaban en los gobiernos del pasado, en los que había corrupción y la existencia de dos Estados —el formal, constituido por la institucionalidad del Estado; y el informal, formado por las pandillas, quienes tenían el control del 80 % del territorio y un control social de alrededor del 90 % de la población—; lo que significa, en términos prácticos y reales, que los ciudadanos salvadoreños eran literalmente los rehenes del Estado criminal. Por tal razón, el presidente Bukele es considerado como el libertador de El Salvador y desde que asumió la presidencia el apoyo y respaldo de la inmensa mayoría de los salvadoreños ha sido el común denominador hasta la fecha.

La misión de salvar al país fue delegada a través del sufragio por la población mediante elecciones libres y democráticas a Nayib Bukele y a los diputados de Nuevas Ideas en 2019, 2021 y 2024, y según las recientes encuestas nacionales, regionales e internacionales será reelecto por la ciudadanía, para conservar y profundizar la liberación del país en 2027, con un porcentaje probablemente de alrededor de 95 % del cuerpo electoral, asimismo, para conservar la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.

El origen del poder tiene su génesis en la decisión soberana de los ciudadanos, independientemente de la voluntad o los gustos de los detractores de Bukele y del país. Los opositores políticos, con el propósito de desprestigiar y desvalorizar las reformas, los cambios estructurales y la refundación del Estado de El Salvador en función del bienestar del ciudadano, lo califican de «mesianismo, fetichismo, mensaje divino y de necro-teología»; esta situación evidencia que los opositores se encuentran en modo «desesperación traumática», porque ya no hallan cómo oponerse al avance de la rueda de la historia.

La «desesperación traumática» los lleva a cuestionar el uso de la fuerza policial y militar contra del ejército marero constituido por alrededor de 125,000 delincuentes, que estaba equipado con modernas armas de guerra, circuitos de videovigilancia, uso de drones, etcétera. Lo que se llevó a cabo en El Salvador fue una guerra de dos ejércitos, el del Estado contra el criminal, por cierto, fue una guerra en donde no hubo derramamiento de sangre, lo cual constituye un hito histórico universal.