El martes por la noche, la Asamblea Legislativa dio un paso gigante para la erradicación de las estructuras de corrupción presentes en el Órgano Judicial y en el ministerio público. Mediante reformas, los diputados de Nuevas Ideas, acompañados por las bancadas de GANA, PCN y PDC, propusieron mecanismos para renovar a jueces, magistrados y fiscales.

Solo aquellos que promueven la corrupción se oponen a que llegue la depuración de jueces y fiscales que no están comprometidos con la justicia, sino que están al servicio de poderes fácticos, económicos o políticos. De esa forma, la alianza ARENA-FMLN se expresó en contra de la renovación de los jueces y fiscales.

Por años, mafias se han enquistado en el Poder Judicial, en todos los niveles, para bloquear investigaciones, hacer desaparecer delitos y para crear casos (con pruebas incluidas) en contra de inocentes a quienes extorsionaban. Además, el Órgano Judicial ha sido la guarida de personajes que han hecho del Estado su fuente no solo de sustento, sino también de multiplicación de patrimonio. Así es como se han enquistado verdaderos clanes en los tribunales, que han terminado dando salario a parejas, amantes, hijos y todo tipo de parentela.

En la Fiscalía también abundan los ejemplos de acusaciones muy bien fundamentadas que se pierden en los tribunales no por la mala actuación de los jueces, sino por la negligencia de los encargados de presentar la acusación. Los errores de «novatos» cometidos por fiscales con larga experiencia solo denotan el interés por hacer fracasar la administración de justicia. Tras esto, ha habido pagos o favores políticos.

Una sana renovación de jueces, magistrados y fiscales permitirá desmontar las estructuras del tráfico de influencias que existe en el Órgano Judicial y en el ministerio público.

Tenemos claros ejemplos de actuaciones amañadas y muy irregulares, como la decisión de una cámara de suspender la orden de captura contra Norman Quijano, el exdiputado de ARENA y aspirante a dirigir el país acusado por negociar con las pandillas. Aunque haya evidencia contundente en contra del político, sus conexiones judiciales valieron para que se anulara su captura, una decisión que ha apelado la Fiscalía General de la República. El mismo Quijano abandonó el país horas antes de que el anterior fiscal general, Raúl Melara, correligionario del excandidato presidencial, se viera obligado a presentar la acusación, ya que no podía ocultar la participación en las negociaciones con delincuentes.

Estas son las realidades que deben cambiar de una vez por todas para construir una sociedad en la que las mafias políticas estén tras las rejas y no al frente del Estado.