La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) rechazó este miércoles un recurso que interpuso el presidente electo, Bernardo Arévalo, con el fin de frenar la ofensiva de tres funcionarios judiciales a quienes acusa de orquestar un «golpe de Estado» para impedirle asumir el poder.
«Por mayoría», la CSJ «resolvió no decretar» el recurso de amparo que presentó Arévalo el 13 de septiembre contra la fiscal general, Consuelo Porras; el juez Fredy Orellana; y el jefe de la fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, informó Leonel Marroquín, asesor de los magistrados del alto tribunal.
Con el aval de los dos fiscales y del juez, funcionarios del Ministerio Público (MP, fiscalía) habían allanado el 12 de septiembre el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) y abrieron varias cajas con votos emitidos en la primera vuelta de las elecciones generales, en junio pasado.
Arévalo presentó el recurso buscando que la Corte dictara medidas para proteger los resultados electorales, al argumental que las acciones ordenadas por esos tres funcionarios amenazaron «el principio de pureza del proceso electoral, el derecho a elegir y ser electo» y a ejercer en secreto el voto.
El recurso de amparo era una de varias acciones legales con las que Arévalo busca detener lo que considera un plan para evitar su investidura el 14 de enero, tras ganar sorpresivamente la segunda ronda electoral del 20 de agosto.
La fiscal general, Orellana y Curruchiche han emprendido una cruzada contra los resultados de las elecciones generales, el partido Semilla de Arévalo y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Arévalo, de 64 años, triunfó frente a la ex primera dama Sandra Torres, cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno, la que según analistas está alarmada ante la promesa del presidente electo de luchar contra la corrupción y la impunidad que reina en el país.
El jurista Edie Cux, director de la oenegé Acción Ciudadana, rama local de Transparencia Internacional, consideró que, «con la denegatoria del amparo, la Corte Suprema no garantiza los derechos vulnerados, no da solución ni certeza jurídica de la protección de los derechos constitucionales del voto y resultados electorales».
