Organizaciones de servicios legales representados por el Consejo Americano de Inmigración en Estados Unidos presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para impugnar los obstáculos de acceso a abogado para la comunidad inmigrante, encerrada en cuatro centros de detención en los estados de Florida, Texas, Arizona y Luisiana.
El consejo denunció que ICE y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) encierran a miles de inmigrantes en centros de detención mientras esperan la resolución de los procedimientos civiles de inmigración. «El resultado de esos procedimientos es a menudo de vida o muerte. Sin embargo, ICE ha aplicado políticas que hacen extremadamente difícil —y en muchos casos imposible— que las personas detenidas accedan a sus abogados», compartió en un comunicado.
De acuerdo con los organismos, ICE viola la Constitución y sus propias normas de detención al denegar a los inmigrantes que se comuniquen en privado con sus abogados por teléfono, videoconferencia e incluso en persona. También los acusa por las barreras para organizar los servicios de interpretación para los afectados.
«Los centros de detención del ICE son bien conocidos por sus horribles condiciones y la falta de acceso a la representación legal, lo que deja a las personas detenidas en una increíble desventaja y aumenta drásticamente la probabilidad de que las condiciones abusivas o inhumanas queden sin control», dijo la subdirectora legal de la ACLU de Florida, Katie Blankenship. «Es crucial que las personas detenidas por ICE puedan ejercer su derecho a un abogado y abogar por su liberación segura a sus comunidades y familias en Estados Unidos», rectificó.
El consejo aseguró que los inmigrantes que acceden a un abogado cuentan con 10 veces más probabilidad de ganar en la corte de inmigración, que uno que no lo tiene.
Se trata de los centros de detención de Krome, en Florida; el Centro Correccional de Florence, en Arizona; el Centro Correccional de River, en Luisiana; y el Centro de Procesos de Laredo, en Texas.
«Sabemos que el acceso a un abogado conduce a la libertad, la seguridad y la reunificación con sus seres queridos para muchas personas detenidas por motivos de inmigración», indicó la directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice, Shalyn Fluharty. «En cambio, estamos viendo a personas detenidas expuestas al peligro y separadas permanentemente de sus familias porque no pudieron hacer una llamada telefónica confidencial a un abogado. Nadie debería enfrentarse a la muerte o a no volver a ver a su hijo porque no pudo hacer una llamada telefónica», aseveró.
El Consejo Americano de Inmigración interpuso la demanda junto con el Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, la ACLU del Distrito de Columbia, la ACLU de Florida, la ACLU de Texas, la ACLU de Arizona, y el bufete de abogados Saul Ewing y Milbank LLP.
