El gobierno de Joe Biden anunció que para «mantener seguras las fronteras de Estados Unidos y hacer cumplir las leyes de inmigración» desea aumentar $6.500 millones para el presupuesto del año fiscal 2023 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés), lo que implica la contratación de 300 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y un reforzamiento del programa de Alternativas de Detención (ATD, en inglés).
De ser aprobado por el Congreso estadounidense, el DHS, «el departamento que protege a la nación contra ataques terroristas con la coordinación de los cuerpos de defensa del país, ofrece servicios de ciudadanía y de inmigración», tendrá en su poder $97,300 millones, un aumento de $6.500 millones en comparación con el año fiscal 2022.
El proyecto presupuestario incluye la contratación de 300 agentes para la Patrulla Fronteriza y otros 300 oficiales en el área administrativa para coordinar los procesamientos de la Patrulla Fronteriza «para responder a la migración a lo largo de la frontera suroeste». Los coordinadores permitirán a los agentes actuales centrarse en sus misiones principales de lucha contra el terrorismo, aplicación de la ley y seguridad, define el DHS en un documento.
Un monto de $309 millones fue destinado a la seguridad fronteriza en la modernización de las instalaciones e inversión en tecnología, mientras que otros $319 millones se distribuirán para mejorar la capacidad de las misiones.
«El presupuesto de 2023 financiará las líneas del frente y se asegurará de tener las herramientas para salvaguardar al pueblo estadounidense, nuestra patria y nuestros valores», así defendió el proyecto el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas.
«A lo largo del año pasado, viajé por todo el país para reunirme con la fuerza de trabajo del DHS, y escuché directamente de ellos los recursos que necesitan para lograr su misión crítica», agregó, cuando decenas de organizaciones que defienden a la comunidad inmigrante resaltan la violación de derechos humanos de miles de familias que son expulsadas a diario por medio del Título 42 o que permanecen hacinadas en los refugios asignados en espera de su proceso con el Protocolos de Protección al Migrante (MPP) o conocido también como «Quédate en México».
En dos años de vigencia del Título 42, que nació a raíz de la pandemia de la COVID-19 y que impide el acceso de asilo a las familias extranjeras, más de 1,7 millones migrantes han sido expulsados y cerca del 70 % de ellas se realizaron bajo la administración Biden, de acuerdo con una publicación de la cadena de televisión CBS News. El gobierno anunció que terminará la política en mayo. Solo para el programa de Alternativas de Detención, Biden propuso $527 millones, significa $87 millones más que en el año fiscal de 2022.
«El presupuesto de 2023 incluye miles de millones de dólares para mantener seguras las fronteras de Estados Unidos y hacer cumplir nuestras leyes de inmigración», apunta el DHS.
Al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) asignaron $8.4 millones, de los cuales con $1.4 millones financiarán 25,000 camas en el sistema de detención, una reducción de 5,000 camas para adultos y la eliminación de 2,500 camas para familias.
