Un centenario de sus partidarios y familiares celebraron la liberación de la exgobernante de derecha, que abandonó el penal de mujeres de La Paz sobre las 15 horas GMT ondeando una bandera nacional.

«Es grato ver que nuevamente la justicia en Bolivia va a reinar. Es la única mujer que el cargo con valentía y coraje», dijo frente al centro penitenciario Lizeth Maure, enfermera de 46 años.

Áñez, abogada de 58 años, gobernó un año, hasta noviembre de 2020, cuando fue relevada por el izquierdista Luis Arce

Fue encarcelada en 2021 y condenada el año siguiente a 10 años de prisión por «resoluciones contrarias a la ley», en un caso en el que se le acusaba de asumir ilegalmente la presidencia luego de la renuncia de Evo Morales en 2019.

Su condena fue anulada el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial.

El argumento fue que a Áñez le correspondía, antes de ser juzgada en un fuero penal, un «juicio de responsabilidades» en el Congreso, una prerrogativa que tienen los presidentes, vicepresidentes, ministros y altos magistrados.

La política de derecha dejó el penal de mujeres de La Paz a las 14:58 GMT, mientras ondeaba una bandera boliviana ante el recibimiento de sus familiares y seguidores.

Siento «la satisfacción de haber cumplido con mi patria y de que nunca me doblegaron. Y nunca me voy a arrepentir de haber servido a mi país cuando me necesitó», dijo a su salida a la AFP.

Caída

Después de las elecciones de 2019, en las que Evo Morales salió reelecto en medio de acusaciones de fraude de la oposición, el país se hundió en una crisis social, con protestas masivas. El líder cocalero renunció.

Áñez, entonces parlamentaria y segunda vicepresidenta del Senado,

asumió el poder en noviembre de 2019 en una sesión en la que no participó el oficialismo.

«Jamás hubo un golpe de Estado. Lo que hubo fue un fraude electoral que nos llevó a todos los bolivianos a reclamar nuestro derecho a que los votos sean respetados», dijo este jueves la exmandataria.

Después de su ascenso al poder, la ciudadanía también salió a protestar contra su nuevo gobierno.

La represión que ejercieron militares y policías contra los manifestantes dejó un saldo de 36 personas muertas, según la Defensoría del Pueblo.

Aún se le investiga por este caso, impulsado por el oficialismo de izquierda.

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