Desértico, así lucen las calles y comercios en el quinto día consecutivo de un paro indefinido. Los colectivos del distrito de Machupicchu pueblo, en el departamento de Cusco, protestan contra el nuevo sistema de compra de boletos en línea para ingresar al sitio arqueológico Machu Picchu, en Perú. Ante los disturbios, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, junto a los funcionarios locales de Cusco, se reunirán en una mesa de diálogo este martes.
El Gobierno estableció que la empresa privada Joinnus maneje la comercialización de las entradas, decisión que los manifestantes acusan de «privatización sistemática». Entre sus demandas está anular el contrato con la empresa y que la ministra Urteaga renuncie al cargo.
El Ejecutivo impulsó la medida el 20 de enero después de que detectaron un desbalance en la recaudación de la venta de boletos en 2023.
Joinnus aseguró, a través de un comunicado, que no busca la privatización y comunicó que ya envió una carta al Ministerio de Cultura de Perú para que el contrato, que culmina el agosto, sea adelantado. «Joinnus no es dueño, ni tampoco busca serlo, de ningún servicio asociado a Machupicchu. Nuestro servicio se centra solo en la tercerización de la venta de entradas», publicó. Sin embargo, la funcionaria reiteró que no terminará el contrato.
Los manifestantes pidieron a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco a cerrar «por medidas de seguridad» Machu Picchu mientras dure la huelga indefinida.
Cientos de turistas nacionales como extranjeros fueron evacuados durante el fin de semana por las protestas.
Los servicios de trenes como PeruRail suspendieron temporalmente todas las operaciones desde el sábado y la concesionaria Ferrocarril Transandino S.A. señaló que ante los bloqueos de las vías, su paralización se establecerá hasta nuevo aviso. Los comercios están cerrados y la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo ya reportó pérdidas económicas en Cusco.
