Doce órdenes de captura se ejecutaron la madrugada de este viernes en contra de delincuentes acusados de hurtar dinero de cuentas bancarias, informó el ministerio público.
La Fiscalía General de la República explicó que los detenidos, señalados por hurto por medios informáticos, «son ciberdelincuentes que de variadas formas ingresaban y vulneraban la seguridad de las víctimas en sus cuentas bancarias y procedían a hacer retiros de las mismas».
El fiscal del caso añadió que «los hombres se transferían lo hurtado a sus propias cuentas bancarias e incluso, enviaban dinero a países de Sudamérica».
Las investigaciones fiscales determinaron que esta estructura retiró un monto total de $16,500.00 a través del hurto por medios informáticos.
Los arrestos se efectuaron en diferentes municipios del país, y en los allanamientos se incautaron evidencias que vinculan a los capturados con los hechos delictivos.
A inicios de marzo de este año, las autoridades desarticularon una estructura criminal que hurtaba dinero de cuentas bancarias de los salvadoreños.
Los montos que los delincuentes sustraían iban desde los $1,000, informaron las autoridades.
Los 22 delincuentea fueron capturados en allanamientos reportados en Mejicanos, Panchimalco, en San Salvador; Santa Ana, Ahuachapán; Santa Tecla, La Libertad; Cojutepeque, Cuscatlán y Santa Rosa de Lima, La Unión.
El mayor acceso a la tecnología ha permitido a la población hacer trámites con facilidad y rápidez, sin embargo, la exposición de datos personales en internet también ha significado un riesgo ya que muchas personas han sufrido hurtos en sus cuentas bancarias, lo que se ha facilitado con la entrega de datos a través de «call centers» lo que vuelve vulnerables a los usuarios de bancos.
En el Código Penal se especifica que «el que por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se apodere de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter personal o patrimonial, sustrayéndolos a su propietario, tenedor o poseedor, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para otro, será sancionado con prisión de dos a cinco años».
Por dicho delito, la Fiscalía General de la República ha recibido desde 2018 más de 277 denuncias. En los últimos dos años se muestra un leve aumento, del total, 149 se interpusieron entre enero a mayo del 2021, mientras que 63 casos son del 2020.
