El destituido fiscal contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, abandonó el país para «resguardar su vida», tras señalar que le obstaculizaron investigar al presidente Alejandro Giammattei, informó una fuente humanitaria oficial.
Según señaló en redes sociales la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH), el ombudsman Jordán Rodas acompañó a Sandoval a la frontera con El Salvador, «ante la dura decisión de abandonar el país para resguardar su vida e integridad por los recientes hechos».
El destino final del exfiscal se desconoce y fuentes de organismos humanitarios salvadoreños indican que ya salió de ese país.
La PDH es una institución autónoma creada por el Congreso con el cometido de promover el respeto de los derecho humanos y vigilar el debido proceso en casos legales. Sus resoluciones no son vinculantes.
Sandoval lideraba la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y fue destituido el viernes por su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, tras denunciar falta de apoyo a su gestión.
La decisión provocó críticas del Departamento de Estado, que lo consideraba un «campeón anticorrupción», además de cuestionamientos de grupos humanitarios, organizaciones sociales y empresariales.
Sandoval dijo el viernes que su labor en la FECI encontró muchos obstáculos, y que hasta se le pidió no investigar a Giammattei sin el consentimiento de la Fiscal General.
«Desconozco los motivos y será la voz de la fiscal el por qué le impuso a la FECI que cualquier cuestión relacionada al presidente no solo se pidiera de manera cordial, sino que no se podía llevar a cabo sin su visto bueno (…), lo cual atenta contra la autonomía e independencia del Ministerio Público», lamentó.
La destitución fue anunciada en un comunicado del Ministerio Público (Fiscalía General) donde se afirmó que a Sandoval se le había retirado la confianza.
Reacción de EE.UU.
«El despido de Juan Francisco Sandoval es un retroceso para el Estado de Derecho en Guatemala», dijo en Twitter la subsecretaria interina del Departamento de Estado para las Américas, Julie Chung.
«Contribuye a la percepción de un esfuerzo sistemático en Guatemala para debilitar a quienes luchan contra la corrupción», agregó. Estados Unidos incluso implementó un grupo de trabajo para apoyar a la FECI.
La premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, rechazó, condenó y mostró su indignación «por esta nueva ilegalidad y violación a la Constitución» del país este sábado.
Asimismo, en un comunicaod pidió la restitución del exfiscal y «renuncia, juicio y castigo a quienes resulten responsables de violar la Constitución».
«Ante esta disyuntiva, no queda más alternativa que convocar y reiterar un llamado a la unidad nacional de nuestros pueblos a una gran convergencia, alianza cívica y ciudadana» comprometidos con la lucha contra la corrupción, sentenció.
A su vez, las entidades que integran el Centro Contra la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), rechazaron la decisión de la fiscal Porras al considerar que significa «retrocesos en la lucha anticorrupción en la región».
La FECI fue creada para trabajar junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, para combatir la corrupción e impunidad.
La CICIG dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020), tras ser señalado por ambas entidades de corrupción electoral.
FECI y CICIG destaparon juntas varios casos de corrupción, entre ellos un fraude en las aduanas que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar la estafa. Ambos fueron arrestados y aguardan juicio en prisión.
