Una diputada oficialista presentó una propuesta legislativa para expulsar por hasta 15 años a extranjeros que hablen mal de Panamá, en una norma que también busca dejar sin efecto una regularización masiva que benefició a miles de migrantes.
La iniciativa, impulsada por la diputada Zulay Rodríguez, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata), pretende deportar a «aquellos extranjeros que manifiesten públicamente ofensas e insultos a la nacionalidad panameña», aunque no especifica el tipo de ofensas.
Este proyecto «está cargado de odio, rencor y algunos salpiques de sentimiento xenofóbico», dijo el miércoles a la AFP el presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (Arena), Rafael Rodríguez.
Los migrantes temen que cualquier simple opinión o disputa callejera pueda terminar en una deportación, independientemente de la condición del migrante, que podría perder el empleo o verse obligado a separarse de su familia.
«Si un extranjero dice que no le parece que las plantas o las flores de Panamá son las más bonitas o que no le gusta el sancocho [plato local] o tal comida, entonces hay ofensa y deportación», indicó Rafael Rodríguez.
Sin embargo, la diputada Rodríguez alega que el proyecto de ley busca «presentar una reforma íntegra a la legislación migratoria» más «cónsona con la realidad» para «defender nuestro país y a nuestros nacionales».
«No se trata de ser xenofóbicos», agregó la legisladora en su propuesta.
Desde 2008, Panamá, con 4,2 millones de habitantes, ha otorgado más de 180.000 permisos de residencia, de los cuales casi una cuarta parte fueron para venezolanos, cuyo país está afectado por una crisis social y económica.
Su presencia ha generado esporádicos conflictos con algunos panameños, que acusan a los extranjeros de «quitarles» el trabajo y burlarse del país que los acoge, denuncias que potencia la diputada Rodríguez.
La iniciativa se encuentra en fase de discusión en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y aunque es promovida por una legisladora del mismo partido político que el presidente Laurentino Cortizo, el gobierno no se ha pronunciado hasta el momento.
El proyecto también busca dejar sin efecto la regularización masiva de migrantes que hubo en años pasados. En esos procesos, las autoridades entregaron un carné temporal de dos años a los extranjeros para que pudieran optar luego a la residencia permanente.
De aprobarse, miles de extranjeros pueden quedar en un limbo jurídico.
«Consideramos que van a ser afectados más de 60.000 extranjeros», pese a que se «fajaron, sudaron y dieron su vida por este país», dijo Rodríguez.
La propuesta también busca deportar a quien cometa delitos; cancela la residencia a migrantes que ejerzan profesiones que son exclusivas para panameños y endurece las multas.
La situación ha provocado «incertidumbre» y que miles de personas «ya estén desesperadas», añadió Rodríguez.
