La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la actual Asamblea Legislativa aprobó este día la conformación de un dictamen favorable para las reformas al Código Procesal Penal, con el cual se establecería la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en El Salvador.
El dictamen permitirá la reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal, el cual suprimiría la prescripción de los delitos de corrupción, permitiendo a las autoridades investigar y llevar a causa penal los casos de corrupción cometidos en El Salvador en cualquier año.
Marcela Pineda, diputada de Nuevas Ideas y miembro de la comisión, destacó la creación de este dictamen y señaló que implica un paso más en el combate a la corrupción que ha asumido la actual Asamblea Legislativa.
«Hemos dado un gran paso contra la corrupción. En la sesión de hoy, emitimos dictamen favorable a la iniciativa de reforma del Artículo 32 del Código Procesal Penal relativo a que los delitos de corrupción no prescriban. Es un paso importante porque muchos corruptos pensaron que, al pasar de los años, el pueblo salvadoreño no iba a poder hacer justicia», dijo Pineda.
«Con esta reforma también hemos declarado que pase a ser de orden público; es decir, que tenga efecto retroactivo y que aquellos corruptos que se robaron el dinero del pueblo, hace muchos años, se les pueda iniciar una investigación en la Fiscalía. Tenemos un compromiso claro con los salvadoreños: que estos corruptos devuelvan lo que por años se robaron. La justicia los alcanzará. Se acabó la impunidad», añadió la legisladora.
Las reformas, que pasarán al pleno legislativo para su aprobación, contemplan eliminar la prescripción penal a los siguientes delitos: malversación de fondos, peculado, cohecho impropio y propio, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, soborno y tráfico de influencias.
Además, la reforma se extiende también a delitos como tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación a las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz.
