Los diputados de las diferentes fracciones representadas en la Asamblea Legislativa se muestran renuentes a aprobar las reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) solicitadas por el Gobierno Central para financiar la seguridad.
El Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó recientemente una reforma de ley para eliminar el 5 % que paga la población en general por la compra de productos o servicios de telefonía, pero eleva del 5 % al 8 % el impuesto que pagan las grandes empresas cuando sus ganancias son de $500,000 o más por las ventas en ese rubro.
Zelaya planteó que la reforma responde al cumplimiento de la promesa de campaña del presidente de la república, Nayib Bukele, de eliminar esta contribución, y explicó que darán «un año de gracia» a las grandes empresas para que ajusten sus cuentas al aumento del 5 % al 8 % del CESC y prevenir cualquier
El ministro de Hacienda adelantó que establecerán los controles para evitar que las empresas telefónicas trasladen el incremento del impuesto a los consumidores finales.
«Vamos a establecer siempre los controles. Este es como el impuesto sobre la renta, no se puede trasladar. Vamos a ser garantes, como Ministerio de Hacienda, porque se van a verificar todos los vectores, declaraciones [de impuestos], y está la Defensoría del Consumidor», expresó Zelaya.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el impuesto a la telefonía que se cobra a todo aquel que hace uso de productos o servicios de telecomunicaciones por considerar que viola el principio de capacidad económica.
Sin embargo, la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia, y el impuesto a los grandes contribuyentes con ganancias mayores o iguales a $500,000 son normativas distintas, y la sentencia de la Sala solo aplica a la Ley de la CESC.
Si bien la resolución de la Sala de lo Constitucional vuelve ilegal la CESC, esta decisión no incluye el impuesto a los grandes contribuyentes; en este sentido, para los magistrados, la solicitud del Ejecutivo para que este cobro continúe es viable, si así lo decide el congreso salvadoreño.
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Los fondos recaudados por la CESC son la fuente de financiamiento para el bono trimestral de policías, militares y custodios de la Dirección General de Centros Penales, y para las actividades de prevención de la violencia de las carteras de Salud y Educación.
AFECTACIÓN A TELEFÓNICAS
Los diputados no consideran necesario el aumento del 5 % al 8 % de la CESC para las grandes empresas porque dicen que esto condenaría a muchas a cerrar operaciones, por lo que se perderían miles de empleos.
«Hablar de trasladar impuestos es castigar la débil economía del país. Las pocas empresas que se han levantado después de la pandemia lo que merecen es que se les ayude a levantar su planilla y producción para generar más empleos», dijo René Portillo Cuadra, diputado de ARENA.
Para el legislador, aprobar una reforma como la solicitada provocará que las empresas incrementen costos de productos y servicios, y al final trasladen el impuesto a los usuarios. Portillo Cuadra, además, sostuvo que en este momento no es oportuno impulsar dicha enmienda.
La Ley de CESC y del impuesto a grandes contribuyentes vence el 4 de noviembre próximo, y a partir de entonces, tanto los usuarios de productos y servicios de telefonía como las empresas no deberán pagar el 5 % por adquirirlos.
Al respecto, la diputada del FMLN Anabel Belloso sostuvo que la normativa se debe estudiar en la comisión respectiva, pero consideró necesario revisar el planteamiento de la enmienda, ya que toda contribución debe tener un destino específico para evitar que los recursos provenientes de esta se utilicen discrecionalmente.
«Este gobierno, a pesar de que siguió cobrando la contribución especial, no efectuó el mecanismo acorde con la ley de venir cada tres meses a la Asamblea a plantear cómo se distribuiría», afirmó la legisladora.
Los diputados de la Asamblea Legislativa cuestionan que el gobierno no les haya informado los montos de la CESC recaudados ni los destinos a los que se transfirieron los recursos.
Según el diputado de GANA Guillermo Gallegos, la propuesta del gobierno de eliminar la contribución debe aprobarse en el congreso salvadoreño:
«Nosotros creemos que es importante que pague el que más percibe. Será difícil porque la empresa privada tocará a diputados de ARENA y del FMLN para que no se apruebe, pero haremos el intento».
En lo que va de 2020, la recaudación de la contribución especial disminuyó en un 6.9 % con respecto al mismo período de 2019; sin embargo, la recolección del impuesto a los grandes contribuyentes registró un 10.4 % de incremento en comparación con el año pasado.
Con respecto a la CESC, el Ministerio de Hacienda recaudó $40.8 millones hasta septiembre de 2019, mientras que este año recibió $33.9 millones por dicha contribución.
En cuanto al impuesto a las ganancias de los grandes contribuyentes, el fisco salvadoreño obtuvo $73.6 millones el año pasado, mientras que en la actualidad registra $84 millones.
