La emergencia, que permite el despliegue de militares en las calles, fue decretada por 60 días para las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, y las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, además de la población de Camilo Ponce Enríquez (en la andina Azuay), según el documento difundido por la presidencia.
El decreto considera que en esas zonas «se han agudizado hechos de violencia sistemática, perpetrada por grupos de violencia organizada, organizaciones terroristas e individuos beligerantes no estatales».
En el marco del estado de excepción, el presidente del país, Daniel Noboa, en el cargo desde noviembre pasado, suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
En enero, la fuga de un líder criminal de una cárcel desató una arremetida violenta de grupos narco que derivó en amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, explosiones de autos bomba, la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios y policías, así como una veintena de muertos.
El gobierno de Noboa decretó entonces un estado de excepción, que duró los 90 días que permite la ley, y declaró el país en conflicto armado interno, que de acuerdo con la Corte Constitucional puede ser por tiempo indefinido.
Bajo esa declaratoria se ordenó a los militares neutralizar una veintena de bandas criminales con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, tildadas de «terroristas» y «beligerantes».
