Debido a una «grave conmoción interna y conflicto armado interno», la medida regirá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y en la amazónica Orellana, además de la capital, Quito, y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez (en Azuay).
El decreto considera que en esas áreas se registra un «incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados».
La resolución incluye el toque de queda por siete horas, a partir de las 22H00 locales (03H00 GMT), en poblaciones de Guayas, Los Ríos y Orellana, además de Ponce Enríquez.
En septiembre concluyó el estado de excepción que estuvo vigente por 90 días en seis provincias.
En su guerra contra el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha declarado de manera continua esta medida para suspender derechos como la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio.
Ante una violenta arremetida del narco en enero, el mandatario declaró al país en conflicto armado interno, lo que le permite desplegar de forma permanente a los militares en las calles para tratar de neutralizar a una veintena de agrupaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes.
En los últimos años, las bandas ecuatorianas, con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, se disputan a sangre y fuego las rutas y el mercado de la droga. La tasa de homicidios se disparó entre 2018 y 2023 de 6 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El gobierno estimó el jueves que el accionar de policías y militares ha permitido que los grupos armados «hayan perdido su control territorial en ciertas zonas del país, y debilitado sus estructuras».
«Sin embargo buscan otras formas de transformar su accionar criminal y trasladar a otras zonas su violencia», señaló.
En setiembre se produjeron varias matanzas, una de ellas en la capital ecuatoriana que dejó cinco fallecidos. También se reportaron cuatro ataques armados contra empleados del sistema penitenciario, con saldo de cinco muertos (incluidos los directores de dos cárceles).
Los choques entre narcos se han extendido a las prisiones, con cruentas masacres con más de 460 muertos desde 2021 y que han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, decomisó entre enero y setiembre de 2024 el récord de 307 toneladas de drogas, frente a la anterior marca de 219 toneladas en 2023.
El Ejecutivo sostiene que en la nación, con 17 millones de habitantes, los asesinatos se han reducido, registrándose 4.236 de enero a septiembre de 2024 contra 5.112 del mismo período de 2023.
