La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el martes una ley que convierte en «propiedad del Estado» los 15 km «hacia el interior» de sus fronteras con Honduras y Costa Rica, como una medida de «seguridad nacional» para combatir «el crimen organizado y el narcotráfico internacional».
Aunque el gobierno nicaragüense señaló en medios oficiales que la ley «no afecta» a los pobladores en la franja fronteriza, opositores nicaragüenses en el exilio alertaron que se trata de un plan de confiscación.
«La confiscación masiva por parte del régimen Murillo-Ortega de las tierras dentro de los 15 kilómetros adyacentes a las fronteras nicaragüenses devasta decenas de comunidades y pone en riesgo las vidas y sustento de miles de personas», señaló en X la embajada de Estados Unidos en Managua.
La misión advirtió que «cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado», al replicar un mensaje de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
La excomandante guerrillera nicaragüense Dora María Téllez, exiliada en España y antigua aliada de Ortega, acusó este sábado en X a los copresidentes de Nicaragua de promover una «gran confiscación» para «sus negocios mineros» con empresas de China.
Por su lado, el Movimiento Campesino de Nicaragua, cuyos dirigentes están exiliados en Costa Rica y Estados Unidos, rechazó la nueva ley fronteriza al señalar que «es un proceso de confiscación más» que trastoca «los territorios indígenas y afrodescendientes demarcados y titulados».
Ortega, un exguerrillero de 79 años, presidente de Nicaragua de 1985 a 1990 y nuevamente en el poder desde 2007, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense desde 2018, año de sendas protestas antigubernamentales.
La represión a las manifestaciones, que Ortega y Murillo calificaron como un «golpe de Estado» promovido por Washington, dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
