Estados Unidos debe reformar su marco legislativo a nivel nacional para garantizar los derechos de las minorías, dijo este lunes un experto comisionado por la ONU, según el cual las medidas tomadas por ciertos estados en ese país podrían socavar la democracia.
Fernand de Varennes, el relator especial de las Naciones Unidas sobre asuntos de las minorías, terminó una visita de dos semanas a Estados Unidos.
«Una de las principales conclusiones es que existe la necesidad de un ‘New Deal’ (…) Estados Unidos destaca entre las democracias por su legislación incompleta sobre el reconocimiento de los derechos humanos y su protección», explicó el funcionario en una videoconferencia de prensa.
De Varennes consideró que el país tiene un «cuadro incompleto de leyes redactadas por primera vez hace más de 60 años, que muestran signos de agotamiento».
Estas deficiencias están conduciendo a que millones de estadounidenses, especialmente miembros de minorías, sean víctimas de un aumento de la «desigualdad, discriminación e incluso exclusión», y un aumento en los «discursos de odio y crímenes motivados por odio», advirtió.
Si bien el experto elogió la acción del gobierno federal en la lucha contra el discurso de odio contra los estadounidenses de origen asiático, destacó que la comunidad negra siguen estando «entre las minorías más marginadas del país», y que son, «por mucho, los que tienen más probabilidades de no votar en las elecciones locales y federales, ser encarcelados y objeto de discursos de odio en las redes sociales».
También se refirió a «lo que podría calificarse de sabotaje a la democracia», según sus conclusiones «un número extraordinario de medidas legislativas en varias partes del país que tienen el efecto (…) de dificultar el ejercicio del derecho al voto para algunas minorías».
El experto, que presentará su informe final en unos meses, señaló en el mismo contexto la división de ciertos distritos electorales para diluir el peso de las minorías (maniobra conocida como ‘gerrymandering’), nombrando a Texas.
Finalmente expresó su preocupación de que el país continúe teniendo «diferentes niveles de ciudadanía», refiriéndose especialmente a los habitantes de Puerto Rico, territorio estadounidense libre asociado, quienes no tienen derecho a voto en las elecciones presidenciales.
