La efectividad de los avances y logros alcanzados por el actual Gobierno de El Salvador a través del régimen de excepción se ve reflejado no solo en las cifras brindadas por el Gabinete de Seguridad, sino también por informes internacionales como el publicado este 12 de agosto por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El informe sobre Derechos Humanos de 2024 señala que la reducción de homicidios en El Salvador se debe directamente a la implementación del régimen de excepción.
«El gobierno reportó una disminución significativa en los asesinatos generalizados cometidos por bandas criminales. El gobierno y los observadores atribuyeron ampliamente esta disminución a las políticas gubernamentales bajo el estado de excepción, declarado en marzo de 2022 y prorrogado mensualmente», establece el informe.
Además, el Departamento de Estado destaca que no existen informes creíbles de violaciones a los derechos humanos en los penales, con las personas detenidas o contra la población en general, durante la medida de seguridad, como lo han hecho querer parecer algunas organizaciones no gubernamentales como Cristosal, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Amnistía Internacional, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y algunos medios de comunicación, quienes incluso han enviado informes y denuncias a organismos internacionales.
«Bajo el estado de excepción las fuerzas de seguridad estaban facultadas para detener a cualquier persona sospechosa de pertenecer a una pandilla o de prestar apoyo a estas. Como resultado, miles de sospechosos fueron detenidos. No hubo informes de abortos forzados, ni de esterilizaciones involuntarias por parte de las autoridades gubernamentales hacia la población», se lee en el reporte.
Una de las recurrentes críticas hechas al Gobierno «en nombre de la defensa de los derechos humanos» ha sido la de Amnistía Internacional denunciando «el incremento de la militarización de la seguridad pública, especialmente en comunidades marginadas y empobrecidas…», aunque son las mismas zonas donde antes, quienes controlaban, amenazaban y asesinaban eran pandilleros.
Esta ong ha calificado como «alarmante» la falta del debido proceso al desarrollarse audiencias masivas de pandilleros y colaboradores, aunque las autoridades han debido impulsar reformas para atacar a las pandillas como estructuras, tras demostrar que las maras tienen toda una jerarquía criminal y no delinquen de manera individual.
«El estado de excepción, en sí mismo un mecanismo legal, aumentaba el número de días que una persona podía permanecer detenida antes de ser acusada formalmente. En agosto, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión afirmó que, en la mayoría de los casos, las personas no eran liberadas porque eran objeto de más de un caso judicial pendiente», detalla el informe de EE.UU.
En el tema de libertad de expresión, se consigna que periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y figuras de la oposición «criticaron el acoso en línea del gobierno a sus críticos y su retórica hacia los periodistas», aunque el gobierno del presidente Bukele ha permitido todo tipo de manifestación opositora y recalcado que en este país ningún periodista ha sido detenido o encarcelado.
CENTROS PENALES
Respecto a las denuncias de muertes al interior de los centros penales, el informe detalla que el Gobierno salvadoreño ha sido claro al brindar datos respecto al tema.
«El 8 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró que se habían producido 115 muertes en prisión desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022. Al 16 de agosto, la defensoría del pueblo para los Derechos Humanos informó que estaba investigando ocho muertes en prisión», se explica en el documento.
Respecto a este mismo tema, el informe de 2023 destacó que, hasta el 13 de junio, el procurador general anunció que su oficina había investigado 143 muertes en prisión durante el régimen de excepción y que su oficina, en conjunto con el Instituto de Medicina Legal, había determinado que las 143 muertes fueron resultado de condiciones o enfermedades preexistentes, y no por abusos o actos de violencia por parte de las autoridades.
El reporte de 2024 también establece que el Gobierno ha atendido y combatido las denuncias con respecto a los abusos de poder por elementos encargados de la seguridad pública.
«Hubo algunas denuncias de malos tratos por parte de la policía y miembros de las Fuerza Armada. Hasta el 16 de agosto, la PNC registró dos denuncias de tortura, 47 denuncias de «integridad corporal violada», 53 denuncias de malos tratos, 34 denuncias de abuso físico y tres denuncias de agresión y discriminación cometidas por agentes de policía», indica el informe.
Agrega que, respecto a estos hechos, «la PNC remitió 171 denuncias a la Fiscalía, disciplinó a 14 agentes y destituyó a 12 agentes».
OTROS PAÍSES
Contrario a lo sucedido con El Salvador, el informe advierte que «la situación de los derechos humanos ha declinado durante el año en Brasil».
El documento critica la represión desproporcionada de la libertad de expresión para los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro quien actualmente está siendo juzgado por intentar un supuesto golpe de Estado para evitar transferir el poder al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, así como la suspensión temporal de la red social X que dictaminó la Justicia del país por la desinformación de esta plataforma.
El reporte también subraya que la situación de derechos humanos en Venezuela «empeoró significativamente», especialmente tras unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude electoral a favor de Nicolás Maduro.
Este informe sobre derechos humanos, elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado, sirve como guía para que el Congreso determine la ayuda exterior que concede a cada país.
