La Asamblea Legislativa aprobó en la pasada sesión plenaria un pliego de observaciones del presidente de la república, Nayib Bukele, a la Ley de Compras Públicas para ampliar los controles de transparencia en los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios de la administración pública.
En la nota enviada a la Asamblea, Bukele propuso una nueva redacción del artículo 25 de la referida legislación, que desarrolla los impedimentos para contratar y ofertar en el sector público. Para esto amplía el número de personas naturales que no podrán hacerlo.
El citado artículo, con la observación del presidente y la aprobación legislativa, ahora agrega a la prohibición a funcionarios de elección popular o de segundo grado, ya sea electos, nombrados o designados en dichos cargos, y a titulares o miembros de consejos directivos.
Asimismo, están impedidos para contratar y ofertar en la administración pública las juntas de gobierno o cuerpos colegiados de instituciones oficiales autónomas y miembros de las juntas directivas de las sociedades en las que participe el Estado.
«Es necesario robustecer aún más la redacción actual, a fin de que no genere dudas respecto al tipo de funcionarios que se encuentren incluidos en tal prohibición», señaló el mandatario en la observación.
También explicó: «Evitando con ello que al momento de que la norma sea aplicada pueda existir alguna confusión que sea aprovechada para que el funcionario pueda ofertar y eventualmente contratar con la administración pública».
La Ley de Compras Públicas es un instrumento jurídico que modernizará y transparentará en El Salvador los procesos de contratación y compras del Estado, procesos que en gestiones pasadas fueron salpicados por actos de corrupción.
La nueva normativa deroga a la cuestionada Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), aplicada desde el Gobierno arenero de Francisco Flores y continuada en las gestiones de Antonio Saca y los efemelenistas Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, todos involucrados y/o procesados por cometer actos de corrupción.
