El Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa (AL) reformar la Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos, para dotar de herramientas legales a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) que le permitan fortalecer su funcionamiento y facilitar la aplicación de la referida normativa, en beneficio de la población salvadoreña.
Las enmiendas buscan darle nuevas facultades al director nacional de la ANDRES, como «proponer al Órgano Ejecutivo, por medio del Ramo de Obras Públicas y de Transporte, los proyectos de tasas por servicios que presta, para someterlas al proceso de aprobación por parte del Órgano Legislativo».
Asimismo, el funcionario tendría facultades para «aprobar los precios públicos por servicios y productos que ofrezca a través de un acuerdo institucional, previa autorización del Ministerio de Hacienda».
La ANDRES es el ente responsable en todo el territorio nacional en materia de gestión integral de residuos y reciclaje, con la facultad exclusiva de formular, implementar y evaluar políticas nacionales en el sector
El Ejecutivo también solicita en las modificaciones incorporar al patrimonio de la Autoridad «los recursos provenientes del pago de las tasas y/o de la prestación de sus servicios y productos».
El pliego de reformas abarcan al Tribunal Sancionador con que cuenta la Autoridad, y estas guardan relación con los requisitos para ser miembro de esa instancia, y el nombramiento de sus miembros, tanto propietarios como suplentes.
La ANDRES inició operaciones a finales de diciembre del año pasado en el municipio de San Salvador Este (San Martín, Ilopango, Soyapango y Tonacatepeque), con maquinaria especial y personal capacitado para una recolección de residuos eficiente y sostenida.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial del parlamento conocería las enmiendas solicitadas por el Ejecutivo en su sesión del próximo martes.
