La moción presentada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones. El Congreso sostiene que la mandataria mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo.
Perú rompió relaciones diplomáticas con México el lunes tras el asilo otorgado a Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo.
Chávez permanece asilada en la residencia de la embajada mexicana.
Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, el presidente interino José Jerí anunció en su cuenta X «que la encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornela, fue informada por el canciller que tiene un plazo perentorio para abandonar» el país.
El gobierno mexicano consideró «excesiva y desproporcionada» la decisión de Lima y defendió el asilo a Chávez como un «acto legítimo (…) y apegado a derecho internacional» que no interviene en modo alguno en los asuntos internos de Perú.
Pese a la crisis política, el comercio bilateral se mantiene.
En marzo comenzó el juicio a Chávez y al expresidente Castillo por el presunto delito de rebelión. La fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado como expresidenta del Consejo de Ministros en el presunto plan de Castillo.
Chávez es procesada en libertad mientras que Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.
Sin respaldo militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.
