El éxito en el combate frontal a las pandillas que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha conseguido en El Salvador contradice a un reciente artículo «The Economist», en el que expone que las pandillas están ganando terreno en América Latina y que las políticas de mano dura no las derrotarán.
Ante esto, el presidente electo, Bukele, reaccionó en la red X y escribió: «Nosotros lo hicimos», al referirse a que su primer Gobierno derrotó a los grupos criminales con el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción.
«En lugar de mano dura, los gobiernos latinoamericanos deberían intentar un enfoque diferente. Deben aceptar que, mientras existan mercados ilícitos, también existirán las pandillas. (Legalizar la producción y el consumo de cocaína sería la mejor manera de frenar la violencia en la región, pero no está a punto de suceder)», sugiere el medio inglés.
«The Economist» agrega que, en lugar de tratar de eliminar a pandillas enteras o centrarse en los patrones, los gobiernos deberían intentar desalentar a sus grupos más violentos.
En febrero pasado, el mandatario salvadoreño dijo que El Salvador ya había probado las recetas presentadas por organismos internacionales para acabar con las maras, pero que estas no funcionaron como lo está haciendo su exitosa estrategia de seguridad desde junio de 2019.
«Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron», dijo en aquella ocasión.
Los resultados irrefutables de la estrategia de seguridad son reconocidos dentro y fuera de El Salvador. En enero pasado, la agencia noticiosa Reuters publicó un artículo en el que destacó que en El Salvador los asesinatos cayeron un 70 % en 2023, gracias a las medidas enérgicas contra los grupos criminales.
Reuters dio cuenta de los 154 homicidios registrados ese año, lo que implica una tasa de homicidios de 2.4 por cada 100,000 personas, que, según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, «era la más baja de América, aparte de Canadá». En años anteriores la cifra fue de hasta 103 por cada 100,000 habitantes.
En El Salvador, la violencia homicida comenzó a descender desde junio de 2019 con el PCT y se redujo drásticamente con el régimen de excepción, que aprobó la Asamblea Legislativa en 2022.
Ecuador, uno de los países más violentos de la región, recurrió al estado de excepción para frenar a los delincuentes, al igual que en El Salvador. Y aunque una primera medida se aprobó por 90 días, el 10 de mayo la Corte Constitucional de ese país declaró inconstitucional un segundo estado de excepción al considerar que no está debidamente fundamentado, pese a que el presidente Daniel Noboa ha explicado que es para enfrentar a la delincuencia organizada.
