Entre abril y mayo de 2020, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo vivieron un verdadero enfrentamiento para definir protocolos de atención a los pacientes positivos de COVID-19.
Por un lado, el Gobierno proponía cercos sanitarios, cierre total de todas las actividades productivas y la puesta en marcha de cuarentenas en diferentes zonas, teniendo como fundamento jurídico los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución de la República.
En el otro extremo, la Asamblea alegaba que esas medidas violentaban derechos fundamentales de la población, pese a que la Carta Magna faculta al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, a ejecutar cualquier maniobra sanitaria para preservar el bienestar de la población.
En ese estira y encoge, el presidente Nayib Bukele envió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su notificación de que existía un conflicto entre dos poderes estatales referente a las atribuciones constitucionales y que, por lo tanto, la Sala resolviera qué acciones debían seguirse.
El máximo tribunal de justicia falló dando la razón a la Asamblea Legislativa y, finalmente, quitó herramientas al Órgano Ejecutivo para atender a la población. Desde el Poder Legislativo, las fracciones políticas exigieron y pregonaron — hasta la saciedad— que las sentencias de la Sala de lo Constitucional debían ser cumplidas por el Gobierno, sin restricción alguna.
Uno de esos grupos que exigió cumplir lo dictaminado judicialmente fue el FMLN, en voz de varios de sus diputados, que alegaron que el Ejecutivo no estaba por encima de la Constitución.
«La Sala fue muy clara. Le dijo al presidente Nayib Bukele que debía cuidar la salud de los salvadoreños sin violentar sus derechos», fue uno de los argumentos que dijo la entonces diputada de izquierda Karina Sosa.
Desde el FMLN llegaron incluso a proponer que se crearan cercos sanitarios focalizados, siendo la misma propuesta que había planteado el presidente Nayib Bukele de las que sostuvieron que violentaba el derecho a la libre circulación en el territorio.
Además, promovieron un decreto legislativo que obligaba al Gobierno a colocar una leyenda en cada paquete alimentario que hiciera mención a que los productos habían sido comprados con fondos públicos.
EL DOBLE DISCURSO
En septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en la que resolvía uno de los impases jurídicos que se encuentran en la Constitución: la reelección presidencial. Desde entonces, los actuales diputados del partido rojo han afirmado que la sentencia de la Sala carece de legalidad y afirman que la reelección sigue siendo inconstitucional.
«Expresamos al pueblo salvadoreño nuestra condena a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que abre el camino a la reelección presidencial, violando la misma Constitución de la República», dijo Jaime Guevara, jefe de fracción del FMLN.
«La Sala de lo Constitucional fue impuesta, la resolución emitida por la Sala carece de legitimidad», afirmó la diputada Anabel Belloso.
Estas declaraciones demuestran que el FMLN sostiene un doble discurso según le conviene, ya que en dos años pasó de exigir que toda sentencia que emanaba de la Sala de lo Constitucional se debía cumplir a una postura con la que deslegitima las decisiones de los magistrados.
Diferentes analistas han reiterado que las sentencias constitucionales son de estricto y obligatorio cumplimiento, sin importar sus implicaciones, y que no deben acatarse a conveniencia.
Además, la actual magistratura fue electa según los procedimientos establecidos en la Carta Magna.
