Por más de cuatro décadas, miles de familias salvadoreñas fueron estafadas por malos lotificadores, que armaron estructuras que se encargaban de comercializar parcelas, cobrarlas y desaparecer, sin jamás entregar las escrituras de propiedad. En total, la deuda histórica afectó a aproximadamente 350,000 familias.
Para erradicar ese modus operandi bien instalado, el Gobierno del presidente Nayib Bukele, respondió conformando la Mesa de Casos Colectivos, un trabajo en conjunto del Centro Nacional de Registros (CNR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Vivienda. Así inició un complejo modelo de solución, que también requirió del apoyo de la nueva Asamblea Legislativa, para contar con un marco legal que acuerpara el camino a seguir.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que «del universo de lotificaciones irregulares que se tenían, el 80 % de los casos pertenecían a la Corporación Argoz, cuyo modo más común de operar era crear sociedades, administrar terrenos de privados y cuando los tenían vendidos se declaraban en quiebra». Sin embargo, ante esa forma de delitos, se realizaron capturas y allanamientos por parte de la FGR en 2023.
Hace ocho meses, la ministra Sol anunció la reapertura de las principales oficinas de Argoz, y el nombramiento de un interventor, asegurando que «con ello, se inició una etapa de nueva administración en concordancia con el Sistema de Vivienda que instaló una oficina técnica permanente en la sucursal matriz de Argoz para asesorar a las familias afectadas».
«Ahora tenemos grandes avances, en este momento llevamos 56,165 lotes regularizados, este proceso permite que esas lotificaciones tengan permisos para partirse en porciones y así posteriormente tramitar las escrituras individuales a cada familia», dijo.
Son 201 lotificaciones listas para el proceso de escrituración, de las cuales 64 están en el occidente del país, 109 en la zona central y 28 del oriente nacional.
Asimismo, expresó que «el 90 % de los lotes ya se habían cancelado, lo que representa un monto de $147 millones que ingresó a Argoz. Además, aseguró que el 81 % de las lotificaciones no tenían ningún proceso iniciado, es decir, que estaban engavetadas, por lo que hemos trabajado para que ese número baje al 55 % y nuestra meta es cubrirlas todas».
Además, la legalización abre las puertas para que las familias puedan tener acceso a servicios básicos como agua, luz e internet.
Los proyectos comunitarios para el mejoramiento de las zonas habitacionales, sobre todo donde hay más familias de menores ingresos, también se vuelven una realidad cuando son propietarias legalmente de sus terrenos, ya que de manera conjunta pueden desarrollar proyectos importantes.
La legalización como paso previo al crédito
El trabajo de legalizaciones y escrituraciones es prioridad para la administración Bukele, que durante su gestión ha beneficiado a más de 55,000 familias, con una recuperación de inversión a su favor, que supera los $502 millones.
Poseer la propiedad de un terrero abre oportunidades y es primordial para poder adquirir un crédito en una institución como el Fondo Social para la Vivienda (FSV), que ofrece una línea crediticia llamada RAM (Remodelación, Ampliación y Mejoras), de hasta $25,000, destinada para realizar reparaciones, ampliaciones o mejoras a la casa que ya posee.
Los requisitos generales para un crédito RAM son: buen récord crediticio, ingresos comprobables, DUI vigente, si la persona cuenta con préstamos personales con una fecha de vencimiento mayor a 2 años deberá presentar constancia firmada y sellada, que detalle la cuota mensual con número de referencia del crédito.
Además, debe presentarse información del inmueble: certificación extractada emitida en los últimos 30 días, fotocopia de escritura de compraventa inscrita o certificación literal del registro, ubicación catastral del inmueble, solvencia municipal emitida en los últimos 30 días vigente a nombre del actual propietario (al escriturar), así como original y fotocopia del último recibo cancelado de agua y energía eléctrica.
Esta línea de crédito ofrece condiciones favorables tanto a los trabajadores formales como del sector de ingresos variables, con tasas de interés desde un 8 %.
Las ventajas que esta línea ofrece son que al construir se puede ampliar el número de cuartos, invertir en acabados, o definir el tamaño de los espacios y el tipo de materiales a utilizar, así como implementar soluciones de ahorro en consumo energético y de agua en la vivienda.
Al optar por solicitar un crédito para remodelar se pueden reorganizar los espacios interiores, o por ejemplo cambiar ventanas, construir nuevas habitaciones o instalar pisos nuevos, así como solventar acciones otras necesidades propias de la remodelación.
