Hace 10 años, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, el segundo del FMLN, anunciaba el inicio de operaciones del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), un proyecto que para los sociólogos Mauricio Rodríguez y René Martínez y el politólogo Óscar Peñate no modernizó el transporte masivo de pasajeros, sino que, por el contrario, representó «corrupción, mala administración pública y botar» sobre el pavimento $45 millones adquiridos mediante un crédito internacional.
El Sitramss inició operaciones con pasajeros formalmente el 12 de mayo de 2015, con una tarifa de $0.33 por un recorrido de casi seis kilómetros en carriles segregados construidos sobre el bulevar del Ejército y la alameda Juan Pablo II, que partían desde la terminal en Soyapango y llegaban hasta el hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador.
Mauricio Rodríguez, sociólogo que fungió como diputado en la Asamblea Legislativa cuando se debatía el proyecto, recuerda que previo a aprobarse el préstamo de $45 millones para el Sitramss hubo una oferta en México hacia el Gobierno de El Salvador para impulsar otro modelo de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), que fue rechazada por el Gobierno de Mauricio Funes.
«Casualmente yo tuve acceso, en un viaje que se hizo a Cancún, de un proyecto que fue ofrecido en México a El Salvador. Se llamaba Convenio de Yucatán», afirma Rodríguez, quien siendo legislador integró la comisión de obras públicas, transporte y vivienda de la Asamblea, mesa que siguió antes, durante y después el proyecto de transporte insigne de los gobiernos farabundistas.
El exdiputado recuerda que por medio del convenio se ofreció un préstamo por $40 millones, que al suscribirse se condonaba el 50 %, es decir, que «solo se pagarían $20 millones del monto con la única condición de que la flota de autobuses se comprara en México y se les diera a los transportistas».
El convenio, financiado por medio del Fondo de Yucatán, nació para mejorar la conectividad, el comercio y la competitividad de la región; sin embargo, Rodríguez asegura que «el FMLN ya tenía en su haber el negocio con Brasil […] y lo que hicieron fue endeudar al país con $45 millones y ofrecer muchas cosas. El negocio ya lo tenían hecho. No quisieron escuchar otras voces. Ya tenían los votos».
Fue en noviembre de 2011 cuando el congreso salvadoreño autorizó al Gobierno de Funes suscribir con el Banco Internacional de Desarrollo (BID) un contrato de préstamo por los $45 millones para financiar el Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, crédito que fue ratificado en enero de 2012.
«Ese sistema fracasó aparatosamente porque, desde el principio, fue visto por la dirigencia del FMLN como otra forma de corrupción y favoritismo político con sus allegados, dentro de los cuales estaban los empresarios más voraces del transporte público», recuerda, por su parte, el sociólogo René Martínez.
El proyecto inició su construcción durante la administración Funes, y previo a su operación oficial tuvo dos etapas: sin pasajeros, del 11 al 20 de enero de 2015, y con usuarios y pasaje gratis del 21 de enero al 21 de febrero de 2015. Más tarde el Sitramss amplió su recorrido hasta la Plaza Salvador del Mundo, al poniente de San Salvador, usando la red vial ya existente.
Según lo planteado en el programa del proyecto de movilidad masiva, se buscaba «mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general en el Área Metropolitana de San Salvador».
Para Martínez, aquello que se pudo considerar como «buena idea» para mejorar la movilidad «terminó siendo un botín de $45 millones para los corruptos, razón por la que el proyecto del FMLN terminó siendo emblemático, pero en materia de corrupción».
Los gobiernos farabundistas buscaban con el Sitramss «estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofreciera oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilitar el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social», según la teoría sobre el proyecto.
El politólogo Óscar Peñate recuerda que al «proyecto Sipago-Sitramss se le considera, después de la represa El Chaparral, el segundo gran monumento a la corrupción cometida por altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y del Viceministerio de Transporte de los gobiernos de FMLN».
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió fallos sobre el Sitramss, que iban desde abrir el carril segregado a vehículos particulares, declarar inconstitucional el uso del carril segregado y dar un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para que regulara la licitación y explotación de la obra, lo que no se cumplió.
Hoy, luego de 10 años del primer recorrido, el Sitramss tiene con juicios a varios exfuncionarios y empresarios relacionados con el proyecto, así como a su flota de autobuses articulados y «padrones», y sus estaciones de servicio (paradas) en completo abandono y deterioro por el correr del tiempo.
