Para reforzar la seguridad de los Juegos Olímpicos de París-2024, las autoridades usarán la videovigilancia con algoritmos, pero aseguran que ninguno de los programas utilizados permitirá el reconocimiento facial, una controvertida práctica ya experimentada en Francia.
La videovigilancia con algoritmos utiliza un programa asociado a cámaras de vigilancia que analiza secuencias de vídeo para identificar acontecimientos o comportamientos considerados sospechosos o de riesgo, antes de alertar a un operador en tiempo real.
Sin embargo, el reconocimiento facial se centra más en el detalle, ya que permite examinar los rasgos faciales de una persona filmada o fotografiada y comparar el resultado con las imágenes de una base de datos, en tiempo real o más tarde.
Durante el carnaval de Niza en 2019, un «software» de esta última tecnología, desarrollado por ingenieros israelíes, permitió encontrar entre 5,000 personas a casi medio centenar de voluntarios que habían facilitado una foto suya, incluso muy antigua.
Pero esta ciudad de la turística Riviera Francesa, que cuenta con casi 4,500 cámaras de vigilancia de gran precisión, quiere «ir más allá» que una mera experimentación, pero sus deseos chocan con la Cnil, autoridad encargada de velar por el respeto de las libertades en la era digital.
Los franceses ya aceptan «estar vigilados 24 horas al día por [el presidente chino] Xi Jinping o por [su par estadounidense] Joe Biden, según la marca de su celular», defiende el alcalde nizardo, Christian Estrosi, ante las reticencias de la Cnil.
Para el regidor, la Inteligencia Artificial (IA) podría haber ayudado a detectar los movimientos del autor del atentado en el Paseo de los Ingleses en 2016 (86 muertos). «Solo las personas fichadas como peligrosas serían objeto de una vigilancia permanente», asegura.
La tecnología de reconocimiento facial carece de un marco jurídico preciso, pero debe respetar, según la Cnil, «el marco de protección de datos de carácter personal», previsto por dos normas europeas: el reglamento general RGPD y la directiva «Policía-Justicia» de 2016.
Esta última norma permite su uso por las «autoridades competentes» en caso de «absoluta necesidad». La policía la utiliza en investigaciones para consultar la base de antecedentes penales, que contiene millones de expedientes de autores y víctimas.
El sistema de paso rápido en las fronteras exteriores de la Unión Europea la utiliza también en el control biométrico de pasaportes en los lugares previstos para ello y bajo determinadas condiciones.
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