El ministro de Finanzas debe presentar ante el Parlamento a las 11h30 horas (10h30 GMT) el paquete de ayudas y el impuesto especial sobre los beneficios de las empresas petroleras y energéticas.
El ejecutivo británico defendió en las últimas semanas que ya ha destinado 22.000 millones de libras a ayudar a los más desfavorecidos a hacer frente a la inflación, una cantidad que los sindicatos y las asociaciones de lucha contra la pobreza denuncian como insuficiente.
El primer ministro conservador, Boris Johnson, y sus ministros se oponen desde hace tiempo a este impuesto, alegando, como los gigantes del sector, que podría socavar la inversión en energías renovables y la transición hacia la neutralidad de carbono.
Pero tras la publicación el miércoles de un informe que responsabilizó a los dirigentes británicos de la cultura que permitió la celebración de numerosas fiestas en Downing Street durante los confinamientos contra el covid-19, Johnson, que se niega a dimitir, parece dispuesto a ceder a la presión.
Stephen Barclay, un alto cargo del gobierno, negó el jueves al canal Sky News que el momento de estos anuncios tuviera como objetivo cerrar el escándalo, y aseguró que el Tesoro los había hecho coincidir con los anuncios de la autoridad de la electricidad británica, Ofgem, sobre las subidas previstas del límite de las tarifas este otoño.
Sunak, añadió, «presentará ante la Cámara de los Comunes (…) medidas específicas para apoyar a las familias», duramente afectadas por el aumento de la inflación.
La inflación alcanzó el 9% en abril en el Reino Unido, su nivel más alto en 40 años.
Ofgem anunció el martes que el precio máximo de la energía podría aumentar más del 40% en octubre, es decir, 800 libras (1.000 dólares, 930 euros) más al año por hogar.
Al mismo tiempo, los gigantes de la energía han visto sus beneficios trimestrales aumentar impulsados por la subida de los precios del petróleo, que se aceleró con la invasión rusa de Ucrania.
