La reserva estratégica de bitcóin (BTC) de El Salvador sigue creciendo y ha alcanzado las 7,614 monedas, consolidando una tendencia de acumulación que se ha mantenido constante en el tiempo. De acuerdo con los datos más recientes, el portafolio soberano ha sumado 31 bitcoines en los últimos 30 días, como parte de la estrategia de compras periódicas impulsada por el Gobierno.
Con el precio del bitcóin rondando los $70,000, el valor estimado de esta reserva asciende actualmente a $533.1 millones. Este crecimiento refleja no solo el aumento en la cantidad de BTC en posesión del país, sino también el impacto del comportamiento del mercado sobre el valor total del portafolio.
La acumulación ha sido posible gracias a una política de largo plazo basada, en gran medida, en la compra de un BTC por día. Esta estrategia se ha mantenido incluso en contextos de volatilidad, y ha sido complementada con adquisiciones de mayor volumen durante caídas del precio, lo que permite optimizar los puntos de entrada.
Entre el 1 de enero de 2025 y el 6 de abril de 2026, El Salvador ha incorporado aproximadamente 1,609 bitcoines a su reserva nacional, lo que evidencia una aceleración en el ritmo de acumulación en los últimos meses. Este enfoque ha posicionado al país como uno de los mayores compradores soberanos de BTC a nivel global, destacando por realizar adquisiciones directas en el mercado, en contraste con otros Estados cuyas tenencias provienen principalmente de decomisos.
Desde la Oficina Nacional del Bitcoin se ha reiterado que esta política responde a una visión de largo plazo, orientada a posicionar a El Salvador dentro de la economía digital global. La estrategia no solo se centra en la acumulación del activo, sino también en el desarrollo de un ecosistema que incluye regulación, educación y atracción de inversión.
Con una reserva que supera los 7,600 bitcoines y un valor por encima de los $533 millones, El Salvador continúa consolidando su apuesta por el bitcóin como activo estratégico, en un contexto internacional donde crece el interés institucional y la competencia por liderar la adopción de tecnologías financieras emergentes.
