L a comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la designación ilegal de fondos a organizaciones, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro reanudó ayer su sesión de trabajo, recibiendo el informe preliminar de tres abogados penalistas que trabajaron en paralelo investigando mecanismos, montos, fechas y autores del desvío de unos $279 millones que se entregaron a esas organizaciones.
En su informe, los especialistas detallan que, a su criterio, con la entrega ilegal de dinero público se habrían cometido no menos de cinco delitos, tomando como base los hallazgos de la investigación.
Actos arbitrarios, peculado, malversación de fondos, negociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes son algunos de los delitos que se habrían cometido.
Otros de los hallazgos indican que varias organizaciones recibieron recursos de partidas presupuestarias sin siquiera haber estado inscritas en el registro de fundaciones, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación.
En algunos casos, organizaciones suscribieron convenios con más de una institución pública para financiar un mismo proyecto.
Entre estas instituciones públicas se encuentran los ministerios de Educación y de Salud y las extintas secretarías de Cultura y de Asuntos Estratégicos.
Los abogados explicaron que, si bien es cierto que el listado de delitos es con base en las pruebas recolectadas, la delimitación de estos será potestad de la Fiscalía General de la República, que podrá llevarlos a la etapa judicial.
La diputada Alexia Rivas explicó que la comisión especial analizará el informe recibido y determinará las acciones que se seguirán, aunque dejó en claro que el fiscal general Rodolfo Delgado ya tiene conocimiento del trabajo legislativo.
«El proceso penal tiene por finalidad identificar la existencia del delito y la participación de una o más personas, a partir de los datos solicitados a las instituciones», agregó Rivas.
Otro elemento que los abogados expresaron ayer fue que en su informe han individualizado las responsabilidades civiles y penales de todos los implicados, para que la comisión decida cómo proceder con las pruebas recibidas.
Muchas de las organizaciones que recibieron fondos públicos estaban integradas por diputados de ARENA y del FMLN, lo que generaba un conflicto de intereses notorio y un entramado de corrupción que permitía de manera discrecional desviar recursos del pueblo.
$30 millones de la uca se asignaron ilegalmente
Los abogados especializados detallaron a la comisión legislativa que la designación de $30 millones a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para elaborar la ya extinta PAES fue ilegal, ya que por el tipo de proyecto debió haberse licitado y adjudicado según el debido proceso de ley, y no solo asignarse discrecionalmente por el Ministerio de Educación, como se hizo.
