Cuando Carlos Batres compró dos parcelas en la Lotificación El Campamento de Acajutla, en Sonsonate, el dueño anterior únicamente le dio documentos de cancelación en la Corporación Argoz. Cuando acudió a la lotificadora le dijeron que tenía que esperar por sus escrituras y así pasaron los años.
Batres entró a la lista de miles de personas estafadas por Argoz, que por años se dedicó a cobrar ilegalmente por lotes de los que nunca entregó escrituras.
Sin embargo hoy se encontró entre los asistentes al acto en el que la ministra de Vivienda, Michelle Sol y Ana Lilian Miranda, en representación de la Fiscalía, entregaron escrituras de 154 lotes liberados, correspondientes a 33 lotificaciones de 10 departamentos de El Salvador.
«Estamos devolviendo 1.6 millones de dólares, porque cada lote tenía un valor, que estaba en el aire. Ahora pueden ir al banco a sacar un préstamo para mejorar sus casas, construir o ampliar y decir este es mi patrimonio», expresó la ministra.
A la fecha, Fiscalía y gobierno han logrado legalizar más de 118,600 lotes y «vamos a seguir trabajando por las demás familias que faltan», expresó Sol, durante el acto en el que familias que habían esperado hasta 40 años por escrituras, recibieron finalmente los títulos de propiedad.
«Hoy van a dormir tranquilos con sus escrituras. Hoy están asegurando el patrimonio a sus hijos, ya van poder dejar esa herencia, pero a la oposición no les gusta eso», externó la funcionaria en una actividad en la que participaron también diputados de Nuevas Ideas, quienes han aprobado la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, que ha facilitado la entrega de escrituras a miles de familias.
Ana Lilian Miranda, en representación de la Fiscalía, recordó que los culpables de la estafa en la lotificadora Argoz, han sido capturados y están respondiendo por sus delitos ante los tribunales. Sin embargo, la segunda respuesta es lograr que las personas afectadas vayan recibiendo sus títulos de propiedad.
«Seguiremos trabajando con el Ministerio de Vivienda para seguir entregando escrituras», afirmó Miranda.
A lo largo de décadas la red criminal de Argoz estafó a miles de salvadoreños por más de $46 millones al venderles lotes que no estaban legalizados.
