Una estructura de 43 miembros de la Pandilla 18 que estuvo delinquiendo en la zona paracentral deberá enfrentar vista pública según ha resuelto el Juzgado Especializado de Instrucción C-1 de San Salvador.
Al finalizar la audiencia preliminar el juzgado determinó que se trata de una agrupación ilícita vinculada a varios delitos que deben ser analizados en un juicio y que las pruebas recopiladas los vinculan a los hechos que la Fiscalía General de la República investigó.
Los mareros son acusados de los delitos de proposición y conspiración en el delito de homicidio, homicidio agravado, tráfico ilícito, tráfico de armas de fuego, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En la acusación el ministerio público detalló al juzgado que el accionar delictivo de esta estructura era en los municipios de los departamentos de La Paz, San Vicente, Cabañas y Cuscatlán.
Entre los imputados hay pandilleros, colaboradores y cabecillas que estuvieron ordenando cometer extorsiones y homicidios. Al desarticular la estructura, la Policía logró evitar que asesinaran a varios personas que estaban en la lista de los pandilleros para ser ejecutadas, por lo cual se configuró en delitos de proposiciones y conspiraciones.
El ministerio público acusa a los mareros como una estructura terrorista y en vista pública buscará probarle a un juzgado especializado de sentencia que cada uno de los mareros tenía dentro de la pandilla un rol específico de acuerdo al nivel jerárquico de la agrupación ilícita.
También han ofrecido declaración de testigos de casos de homicidio y de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) que bajo la coordinación de fiscales hicieron varias diligencias de vigilancia, seguimiento y de captura.
En las actas de investigación los agentes han dejado constancia que los hechos delictivos fueron perpetrados por los pandilleros entre agosto del año 2021 a febrero del 2022.
Algunas de las personas las asesinaron porque se negaron a colaborar con la estructura, otros eran miembros de la Mara Salvatrucha y también porque consideraban que algunas víctimas eran informantes de la Policía.
Para probar los delitos de extorsión agravada, los fiscales han ofrecido testimonios de víctimas con régimen de protección quienes se atrevieron a denunciar los chantajes de los mareros y han colaborado en todo el proceso de investigación lo cual ha permitido llegar hasta la fase final del juicio.