La iniciativa fue presentada luego de que a inicios de marzo fuera descubierto un presunto campo de reclutamiento de un cártel en una finca ubicada en la localidad de Teuchitlán (Jalisco, oeste).
«Lo importante es que tomemos medidas en los momentos tan dolorosos que estamos viviendo (…), que a nuestras niñas y niños los estén secuestrando, los estén metiendo al crimen organizado», dijo el jueves a la AFP la diputada Brenda Carrera, autora del proyecto.
La legisladora del gobernante partido Morena también justificó la propuesta como una manera de proteger a los menores del acoso escolar.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró el jueves en desacuerdo con su copartidaria, al señalar que prefiere «educar e informar» antes que prohibir.
«Es importante que el celular no se esté utilizando en clase. Que los niños tengan un espacio donde no tengan que estar utilizando el celular», matizó la mandataria.
La congresista aclaró, no obstante, que su propuesta admite excepciones como que los menores puedan permanecer en contacto con sus padres mediante teléfonos sin redes sociales.
El hallazgo de la finca en Teuchitlán conmocionó a familias de personas desaparecidas que realizaron el descubrimiento, pues en el predio se encontraron ropas y restos óseos calcinados.
Un colectivo que agrupa a las familias denunció que el sitio funcionaba como un «campo de exterminio» del crimen organizado, pero la fiscalía general aseguró que era un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista por Estados Unidos.
Algunos parientes identificaron pertenencias de sus seres queridos, que desaparecieron tras atender falsas ofertas de empleo.
México registra unas 120.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde 2006 cuando el gobierno de ese entonces ordenó un operativo militar antidrogas.
El central estado mexicano de Querétaro instauró una medida similar al permitir únicamente el uso de celulares en escuelas para fines educativos o emergencias.
