La Casa Blanca ha insistido en que se encuentra analizando «todas las opciones» para presionar al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega por la detención de cinco de sus contrincantes políticos en las venideras elecciones de noviembre y a más de una veintena de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas.
Las medidas, que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso, están basadas en tres factores: «impacto», respaldo internacional e incentivos, indicó el asesor para Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.
El funcionario destacó que «el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones» es clave «porque las sanciones y acciones unilaterales no tienen impacto».
«Lo más importante es no (cometer) el error que a veces comentemos de interpretar las sanciones como estrategia, sino tener una estrategia que tenga sanciones como una opción en su ejecución», dijo González.
El 9 de junio Estados Unidos sancionó a cuatro personas ligadas al gobierno nicaragüense, que ahora son parte de la lista de más de 24 funcioanrios designados bajo el gobierno del expresidente Donald Trump.
«Es muy difícil que Estados Unidos haga esto solo (…) A veces las sanciones nos hacen sentir bien, pero lo que estamos buscando es el impacto», reconoció González.
Ortega ha sobrevivido a las sanciones y a la presión internacional, pero hasta ahora no ha experimentado el impacto que pudieran generar posibles sanciones dirigidas al sector económico, una vía que goza del respaldo de varios legisladores estadounidenses.
El gobierno sandinista considera las acciones de Washington como una «práctica injerencista» y catalogó como «absurdo» el llamado de varios países de la región y Europa a liberar a los líderes políticos. «Aquí no estamos juzgando a políticos, aquí no estamos juzgando a candidatos, aquí se esta juzgando a criminales», enfatizó el mandatario.
Acción de «dudosa legalidad»
Entre las opciones presentadas por una comisión bipartidista del Senado a la Casa Blanca está revisar la membresía de Nicaragua en el Acuerdo de Libre Comercio y «utilizar las herramientas disponibles» en la ley Nica Act, aprobada en 2018, para sancionar a individuos y sectores de la economía de la nación centroamericana.
Sobre la primera, la Casa Blanca pareciera ni siquiera haberlo contemplado hasta el momento: «se puede estudiar, pero es dudosa la legalidad de poder botar a Nicaragua de CAFTA», reveló González. Sobre la segunda, es una opción que usarían «si es necesario».
Desde la mirada de la experta Cynthia Arnson, si Nicaragua es expulsada del Tratado de Libre Comercio y se le restringe el acceso al sistema financiero estadounidense, complicaría la capacidad de maniobra de Daniel Ortega, pero advierte sobre el efecto «muy negativo» de esas acciones, «más que nada sobre la población y no sobre el régimen en sí mismo».
