La expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y su hija Ana Virginia Guardado Peña, fueron demandadas hoy martes en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador por enriquecimiento ilícito de $277,482.54.
El juicio civil en contra de la exdiputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es iniciado por orden de nueve de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quienes recibieron un informe de la Sección de Probidad sobre un incremento patrimonial detectado a la exfuncionaria.
En la resolución del 26 de enero de 2023, los magistrados plasmaron en el acta de Corte Plena que hay indicios de enriquecimiento ilícito en su calidad de diputada propietaria de la Asamblea Legislativa, en los periodos del 1 de mayo del año 2012 al 30 de abril del 2015 y del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril del 2018.
En el estudio de la declaración jurada que Lorena Peña presentó, la Sección de Probidad tomó en cuenta la prueba de descargo incorporada para desestimar algunas irregularidades.
Cuando se analizó el primer período como legisladora Probidad detectó un incremento en el patrimonio de $264,143.19 y en el segundo período el monto fue de $13,339.35, haciendo un total de $277,482.54.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción en la demanda presentada detallan que les detectaron 17 irregularidades. Lorena Peña tuvo un incremento patrimonial de $140,521.6 y su hija refleja $136,960.94, fondos que no ha sabido justificar sus procedencia.
La exlegisladora no pudo desestimar nueve irregularidades, mientras que Guardado Peña, ocho, en concepto de depósitos bancarios en efectivo y tarjetas de crédito.
La demanda presentada se basa en la investigación que realizó la Sección de Probidad y la Fiscalía ha certificado ante los magistrados de la Cámara toda la información recolectada con miras a recuperar a favor del estado el dinero con el cual supuestamente se enriquecieron ilícitamente.
El juicio civil iniciado por la Unidad Anticorrupción es con base en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde el año 1959 donde se aplica un régimen sancionatorio consistente en multas para que funcionarios devuelvan al Estado el dinero obtenido de forma indebida.
Las demandadas en la fase administrativa de investigación que llevó a cabo la Sección de Probidad, tuvieron el derecho de presentar pruebas y luego de revisar la documentación no pudieron subsanar las irregularidades y al no justificar la procedencia lícita del dinero Corte Plena ordenó el juicio civil.
Como lo ha hecho el también exdiputado, Medardo González, procesado por el mismo delito, la miembro del FMLN ha calificado esta investigación en su contra como una «persecución política».
