La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, condenó a la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y su hija Ana Virginia Guardado Peña, por enriquecimiento ilícito de $150,762.86.
Los magistrados dijeron en su resolución que con la prueba pericial y documental los fiscales de la Unidad Anticorrupción les demostraron el enriquecimiento ilícito de forma indebida entre el 2012 al 2018.
Uno de los magistrados sostuvo que valoraron toda la prueba, entre ellos dos informes de pericia financiera contable que acreditó el aumento patrimonial sin justificación de las dos demandadas.
Los fiscales demandaron por 15 irregularidades, pero al final solo se probaron ocho.
A Lorena Peña la condenaron por un incremento patrimonial de $133,746.60 , en cinco irregularidades, mientras que su hija le hallaron tres inconsistencias por la cantidad de $17,016.26.
Durante la audiencia probatoria, los fiscales le manifestaron a los magistrados que en el análisis que hizo la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró las ocho inconsistencias de movimientos financieros, compra de inmuebles y pagos mediante depósitos bancarios de tarjetas de crédito.
Todos esos pagos y adquisiciones son desproporcionados ya que no están de acuerdo a los ingresos legítimos percibidos por la exdiputada y su hija. En la decisión judicial se le ha dado la razón a la Fiscalía accediendo a una condena.
Ambas están obligadas a devolver al Estado el monto con el cual se enriquecieron indebidamente, además, quedan inhabilitadas para ejercer un cargo público durante un plazo de 10 años, como lo señala la Ley de Enriquecimiento Ilícito de 1959.
El juicio civil fue ordenado por nueve de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de enero de 2023, luego de un informe que envió Probidad donde se señaló que la exlegisladora y su hija no pudieron justificar los ingresos cuestionados en este proceso.
Lorena Peña, enfrentó el proceso por el incremento patrimonial que tuvo como diputada propietaria de la Asamblea Legislativa, en los periodos del 1 de mayo del año 2012 al 30 de abril del 2015 y del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril del 2018.
La exdiputada se convierte en la sexta exfuncionaria de los gobiernos del FMLN en ser condenada por enriquecimiento ilícito y en el 2024 es la segunda, ya que en enero fue condenado Medardo González, exsecretario general de ese instituto político.
En el 2023 fueron encontrados responsables de enriquecimiento ilícito José Atilio Benítez, exministro de Defensa; Benito Lara, exdiputado y exministro de Justicia y Seguridad; David Munguía Payés, exministro de la Defensa y Eduardo Linares, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).