La expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, del partido FMLN, y su hija Ana Virginia Guardado Peña, enfrentan la última audiencia del juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito de $277,482.54.
La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, tendrá que definir en la audiencia probatoria si la exdiputada y su hija son encontradas responsables o las exonera.
La demanda fue promovida por fiscales de la Unidad Anticorrupción luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encontrara indicios de enriquecimiento ilícito de la exdiputada del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En una resolución avalada por de nueve de 15 magistrados de la CSJ, se detalla que un informe enviado por la Sección de Probidad establece la existencia de un incremento patrimonial que no pudo ser desvanecido por las demandadas.
En la resolución del 26 de enero de 2023, los magistrados que votaron a favor del juicio civil hacen constar en el acta de Corte Plena que hay indicios de enriquecimiento ilícito por parte de Peña en su calidad de diputada propietaria de la Asamblea Legislativa, en los periodos del 1 de mayo del año 2012 al 30 de abril del 2015 y del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril del 2018.
En su primer período Peña y su hija tuvieron un incremento en su patrimonio de $264,143.19 y en el segundo ejercicio legislativo les detectaron $13,339.35; sumando $277,482.54.
Fueron 15 irregularidades las cuestionadas y que reflejan para Lorena Peña un incremento patrimonial de $140,521.6, mientras que su hija, $136,960.94.
A la exdiputada le reprochan siete irregularidades y a su hija un total de ocho, se trata de pagos de depósitos bancarios en efectivo y tarjetas de crédito.